“Lo que reflejan no es tanto el fracaso de la política de ciudad como el de todas las políticas públicas”

DDesde principios de la década de 1980, las oleadas de disturbios que abarcan los barrios de clase trabajadora han estado acompañadas de controversias interpretativas feroces en los medios de comunicación. Las explicaciones ofrecidas han variado a lo largo del tiempo, pero un argumento atraviesa décadas que parece tener consenso entre todos los comentaristas: el motín marca el fracaso de la política de la ciudad. No obstante, la política así cuestionada ha sufrido cambios significativos en los últimos cuarenta años, la mayoría de las veces a raíz de episodios de disturbios. Si el fracaso de la política de ciudad existe, no es la misma política que fracasó a principios de los 90, en 2005 o en la actualidad.

El juicio de fracaso parece tanto más indiscutible en 2023 cuanto que el Estado debería haber tenido, desde hace quince años, presupuestos considerables para los barrios populares. Los anuncios recurrentes de un nuevo “plan de suburbios” pueden haber dado crédito a esta idea de una política de ciudad ricamente dotada. Aunque la mayoría de las veces estos anuncios se han quedado en anuncios, han abierto el camino para la denuncia de “miles de millones para los suburbios”, en beneficio de poblaciones que no lo merecen.

Dirigida por empresarios socialmente fracturados, esta crítica fue tanto más devastadora cuanto que se prolongó por una competencia entre el sufrimiento territorial, contrapuestos los barrios desfavorecidos de las metrópolis y una «Francia periférica» ​​de contornos vagos pero cuyo color es claro. Los primeros se beneficiarían de una discriminación positiva, en detrimento de las ciudades medias, las zonas periurbanas y los territorios rurales, cuyas poblaciones se ven, no obstante, duramente golpeadas por la reconversión industrial y la precariedad laboral, las políticas de austeridad y el cierre de los servicios públicos, así como por la aumento en el costo de vida.

La crítica a la ineficiencia se convierte entonces en un cuestionamiento de la legitimidad misma de la política urbana, ilustrada por esta fórmula que florece en la extrema derecha: desnudamos a la «Francia periférica» ​​para vestir a quien vive al otro lado de la circunvalación.

Menos del 1% del presupuesto estatal

Sin embargo, hay que repetirlo sin descanso: los barrios que combinan todas las dificultades sociales no se benefician de un trato preferencial. Los créditos de política de la ciudad siempre han sido limitados, menos del 1% del presupuesto estatal. Como muestran numerosos trabajos de investigación y evaluación, así como varios informes del Tribunal de Cuentas, los medios permitidos por esta política no son suficientes para compensar la asignación desigual de los presupuestos de otras políticas públicas (educación, empleo, salud, seguridad, etc., que sistemáticamente opera en detrimento de los llamados barrios “prioritarios” y sus habitantes.

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