Electricidad: Se acerca la gran batalla legal por el precio de la electricidad  Negocio

Electricidad: Se acerca la gran batalla legal por el precio de la electricidad Negocio

Torres de alta tensión en Valencia.
Torres de alta tensión en Valencia.Imágenes de Jose A. Bernat Bassett / Getty

Con el objetivo declarado de frenar el aumento de los precios de la electricidad, provocado en parte por el aumento de los precios del gas, el gobierno aprobó un paquete de medidas de emergencia de implementación inmediata. Se trata del Real Decreto-ley 17/2021, vigente desde el 16 de septiembre del año pasado. El ejecutivo pretende frenar al caballo desbocado en los precios de la factura energética y reducir la factura hasta en un 30% fijándola para clientes con tipos de interés regulados en un nivel similar al de 2018: 50 euros mensuales por factura.

Más información

Se trata de una iniciativa muy controvertida, no por recortes de impuestos, sino por la deducción de lo que se conoce como dividendos del gas o, más estrictamente, «ganancias que se han caído del cielo». Todas las empresas generadoras de electricidad, independientemente del tipo de fuente energética de la que partan (renovables, nucleares, combustibles fósiles …) venden al mismo precio. Como el valor viene marcado por este último y suele ser gas natural, el precio también se ve afectado por el coste de los derechos de emisión de CO₂ impuestos por la Unión Europea.

Más información

Para el gobierno, la prioridad es mitigar la recepción por parte de los consumidores locales del aumento excepcional de los precios internacionales del gas natural para el 31 de marzo de 2022, cuando se espera que el precio de esta materia prima comience a bajar. Se trata de hacer que el consumidor medio pague finalmente unos 600 € la factura anual en 2021, la misma cantidad que en 2018.

Según fuentes del sector eléctrico, estas medidas no abordan la inestabilidad o la subida de precios. Y dicen que para solucionar el problema con varios se han adoptado normativas que repercutirán en el 100% de los consumidores. “Hasta el 15 de septiembre de 2021, solo el 12% de la demanda nacional total se vio afectada por las fluctuaciones del mercado, pero el 88% restante no sufrió estos aumentos de precios porque tenían contratos de precio fijo con empresas”, señalaron. Del sector.

Más información

No cabe duda de que se seguirá adelante con la cuestión. Las principales eléctricas del país ya han reaccionado y han puesto la batalla legal en manos de sus equipos legales. Por ahora, la única vía de recurso del decreto ley será ante el Tribunal Constitucional, pero tendrán que hacerlo 50 senadores, 50 diputados, el defensor del pueblo, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas o, en su caso, las asambleas. de lo mismo. Para realizar un juicio por otro canal, sería necesario esperar la aprobación de las siguientes disposiciones.

Además, las empresas también pueden impugnar indirectamente el decreto combatiendo los actos que dicta su aplicación y cuestionando su cumplimiento de la ley. Según José Ramón Murenza, responsable del área de regulación energética de Herbert, Smith Freehills, «pueden basarse en dudas sobre el cumplimiento de la medida con determinadas disposiciones del derecho comunitario y de la propia Constitución».

Buscando una puerta

De hecho, empresas del sector, fondos de inversión que participan en su capital, y asociaciones de accionistas minoritarios, entre otros, analizan con detenimiento el contenido de la norma para intentar encontrar un resquicio al que aferrarse en caso de que sea violada. libertad. Así lo dijo Francisco Esteves, asesor legal de Aemec, socio gerente de Cremades & Calvo-Sotelo y presidente del comité legal de Betterfinance: “Los dueños de las empresas eléctricas no son personas abstractas, sino sus accionistas. Estas medidas constituyen una incautación de la cuenta de explotación de las empresas afectadas, violando así el principio básico de confianza legítima y provocando un daño evidente a los inversores «.

No obstante, al examinar la regulación constitucional de la libertad de actividad económica, hay que tener en cuenta que si bien es cierto que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 38 de la Constitución española y en el artículo 16 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, Es cierto que el artículo 128 de la Carta Magna permite la iniciativa pública en la actividad económica y permite consentir la intervención de empresas donde el interés general así lo requiera.

Joaquín Uria, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex becario del Tribunal Constitucional, explica: “Lo que se requiere es un enfrentamiento entre el interés común y un interés particular de todo tipo. El interés de toda la sociedad choca con el interés de algunos señores que quieren recibir beneficios a precios tan elevados que les dificultan la vida juntos.

Este, por supuesto, es el punto más controvertido. Según Murenza, la subordinación de la riqueza al interés común no comprende «ninguna acción administrativa que afecte los ingresos de una empresa o los bienes de un particular». “Incluso este no es el único artículo de la Constitución que hay que tener en cuenta para valorar la vigencia de una medida como la que se analiza”, insistió.

Por otro lado, son muchos los expertos que entienden que dado que existen intereses públicos que justifican normas que restringen la libertad de empresa, el tema se reorienta en última instancia a examinar la proporcionalidad de la medida en cuestión, según explicó el propio Tribunal Constitucional. .en relación con el derecho de reunión. Mientras tanto, los afectados deberán seguir estudiando en profundidad el contenido de la norma, evaluar si se cumplen las condiciones legales para esta acción y buscar defectos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *