Elecciones Generales 2023 | Los 5 deberes pendientes del futuro Gobierno con Catalunya tras el 23J

Fue en el debate en el Congreso bajo el Estatuto de 1931 cuando José Ortega Gasset aseveró aquello de que «el Problema catalán es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede llevar». Con cada renovación de legislatura fruit de las pertinentes elecciones, llega el inefable momento en que el flamante presidente de Gobierno, aunque sea reelegido, echa la vista donde la ‘conllevancia’ orteguiana forma de alfombra donde se acumulan todos los frentes abiertos entre el Estado y la Generalitat. Estos pueden agruparse en cinco grandes grupos:

La resolución del conflicto político.

Pregunta mas conocida como ‘la madre del cordero’. En la reunión en el palacio de Pedralbes, de diciembre de 2018, ambos ejecutivos pactaron un texto que describe la existencia de «un conflicto político» entre Catalunya y el resto del Estado. Más tarde, y como contrarrestación al apoyo de ERC en búsqueda de Pedro Sánchez de 2020, socialistas y republicanos acordaron la creación de una mesa de «diálogo, negociación y pacto» tuvieron resultados, tal y como el propio jefe del Ejecutivo ha afirmado por dos veces en sede parlamentaria, deben ser ratificado por los catalanes en las urnas.

Tras quedarse varada en la desjudicialización Durante meses, la mesa interrumpió sus trabajos, los públicos y los discreetos, justo cuando se iba a dentrar en el proceso mar de la cuestión Nuclear: cómo encajar (o no) la autonomía catalana en el Estado, en asunto de soberanía.

Si el PP vence en los comicios del 23-J, Alberto Núñez Feijóo dará ‘alfombrazo’, y nunca mejor dicho, a la cuestión política catalana y, por ende, a la mesa de diálogo. El margen de gestión de Sánchez, por su parte, en caso de victoria, dependerá de la fuerza de ese triunfo y de si es necesaria o no la contribución de los partidos independentistas para su renovación en el cargo.

La parte catalana se mantiene en que lo que lleve a votación incluye la opción de independencia, algo a lo que el Gobierno se niega e insinúa, sin desarrollar, que la opción deseable será una nueva Carta Autonómica, con el número que se le pedirá dar.

Para completar, o no, el desvío

El principal compromiso qu’ha adoptado Feijóo aun en precampaña es tratar de que la gobernabilidad no orbita alrededor de los partidos independentistas, porque su interés no es el común de los españoles. Muestra de manual, sustainen los conservadores, es la derogación del delito de sedición que también han prometido resucitar tras su eliminación.

Eso sí, en la desjudicialización se aprecia aún un mayor abismo entre PSOE y PP que en la cuestión del referéndum de autodeterminación. Allí donde los socialistas ven apaciguamiento y reencuentro, gracias a los indultos concedidos a los condensados ​​por el 1-O, los populares detectan una afrenta al estado y una amenaza futura para unidad española.

Todo ello cuando la rueda de juicios y causas contra independentistas, desde el ‘sottogoverno’ de la Generalitat de 2017 a ciudadanos anónimos aprehendidos en alguna de las protestas por, entienden ellos, «la persecución del Estado», dista de acabar.

El principal señuelo electoral del PP es la promesa de irrelevancia total de ERC y Juntas en el Congreso y de persecuciónjudiciaire a los que osaron desobedecer al Estado. Básicamente, en el marco mental del electorado tipo de la derecha, La Figura Irdenta de Carles Puigdemont.

Una vista de las finanzas

El aun vigente sistema de financiación autonómica caducó hace nueve años sin que haya atisbo de renovación del cómputo que debe trasladar el Estado, quien recauda la gran mayoría de los tributos, a las regiones. Nada ni nadie es capaz de acercarse equilibrio interno que facilitó el actual sistema por la modificación que provocó las quejas de unas u otras autonomías, en función de la tecla que se toca. Las alineaciones de bando rompen, incluso, el color de los partidos politicos sabendores de que Galicia y la Comunidad Valenciana, por ejemplo, anteponen, unos, los criterios de superficie al de población, y viceversa, sin reparar en qué partido está al frente del Ejecutivo regional.

New años que, además, incluyen los tres de Ascenso del juicioperdiste desinflamacion seis Tras los hechos de 2017. Yes que uno de los grandes motivos por los que el Estado ha tenido que ir posponiendo la renovación de la fórmula es que Catalunya, si bien no se opone a que se modernice el cálculo, es más, lo apoya, no ha mostrado ni mostrar a corto plazo ningún interés por reproducir el viejo esquema por el que la financiación autonómica ha discurrido desde que, en 1993, felipe gonzalez Abrió la mano con la asignación de la ONU al IRPF al 15% que a muchos les pareció el responso por l’unidad de España. Así, la negociación y el pacto con una Catalunya que lideró el debate se convirtió, tras el paso del cepillo igualador de ‘café para todos’, en el sistema de todo. Hasta que Catalunya deje de tirar el carro para ver como otras comunidades, cuya españolidad nunca ha sido puesta en tela de juicio, lanzan quejas y alaridos bien familiar a los moradores del Palau de la Generalitat. Catalán.

Infrafinanciamiento y políticas sociales

A mitad de su primera legislatura José Luis Rodríguez Zapatero anunció un bombo y platillo la puesta en marcha de la llamada ‘cuarta pata’ de las políticas de bienestar social, muy allí salud, educación y pensiones: la ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. El texto dejaba un amplio margen de gestión a las autonomías que se hacían coparticipaciones, al 50%, de los gastos generados para la atención pública a las personas y sus familias. En la práctica ello derivó en que el Estado fue dejando de aportar su parte perforando un Déficit con la Generalitat que la administración catalana cifra en unos 1.400 millones.

Otra ‘patata caliente’ es, sin duda, el déficit estructural de la sanidad catalana y que se cifra en unos 5.000 millones de euros anuales. En cuanto a problemas personales, la liquidación de los impuestos de 2020, está por decidirse, el adelanto que realizó el Estado.

Su expresión de un mal mismo, el llamado déficit fiscal catalán, por el que esta comunidad, según datos de la Conselleria de Economia, percibió hasta 20.000 millones de euros menos, lo que supone un 8,5% del PIB.

Y en educación, y saliendo del marco presupuestario, el gran chocque se prevé por el papel del catalán y del castellano en las aulas si gobierna el PP, justo cuando se cumple poco más de un año del pacto entre PSC, ERC, Junts y Comuns sobrio el lenguaje y la inversión de los efectos de la ‘ley Wert’.

Rodalies como símbolo del atraso en infraestructuras

La disposición adicional tercera del Estatut vigente compromete al Gobierno a invertir en Catalunya durante sus siete años en una proporción igual a la que este territorio participa en el PIB de España, un 19%. Era un redactado que, por lo concreto y numérico, chirriaba en un texto compuesto como suelen ser escritos este tipo de ‘ley de leyes’, ya sean constituciones o sus aplicaciones inmediatas. De hecho, el Tribunal Constitucional dejó a la buena voluntad de cada Gobierno llevar a cabo un cabo o no esas inversiones.

Sin embargo, esa disposición adicional fue, sobre todo, un hito por cuanto el Estado se avino a reconocer el continuo desinterés que había mostrado en este casi medio siglo de democracia en el desarrollo de las infraestructuras de Catalunya. Una simple ojeada a la red viaria y ferroviaria ‘ciudadana’ de Madrid y la de Barcelona, ​​​​sobre todo si se comparan en cómo estaban en 1977, permite darse cuenta del cambio de escala que se ha producido.

In el verano de 2023 el tema del día sigue siendo la B-40, entre otros motivos, porque no se llevó a cabo (y la culpa en este caso no es todo el Estado) cuando tocaba, hace 35 años, cuando se abordaon, por ejemplo, las Madridistas M-45 y M-50.

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Pero el símbolo, y la batalla que deberá abordar el próximo Ejecutivo, son Rodalies y su traspaso. Ni un kilómetro de vía construida por el Estado en la región de Barcelona desde que se celebró al Constitución. Líneas ferroviarias que, como ya ocurren con las viarias, no cuentan con la necesaria redundancia que ayude a manejar cortes del servicio en uno de los tramos, lo que provoca que se caiga todo el sistema.

Otra pregunta a manejar por el nuevo Gobierno es el llamado sistema de encomiendas, por el que es la Generalitat la que gestiona determinadas obras del Estado en Catalunya, por una importación de 914 millones. Entre ellos, el B-40. El Govern trata así de sobreponerse a la última decepción: tras más o menos superar en los últimos años la sempiterna baja inversión apareció lo nunca visto, índices de ejecución de la obra presupuestada del 36%, frente al 184% registrado en la Comunidad de Madrid .

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