Desde reproches públicos hasta amenazas de represalias fiscales, pasando por un llamamiento al patriotismo económico, el Gobierno español habrá desplegado todo su arsenal para evitar el traslado a Holanda de la sede social y fiscal de Ferrovial, buque insignia del sector de la construcción. Sin éxito. El jueves 13 de abril, la junta general de accionistas del grupo especializado en construcción y concesiones de aeropuertos y carreteras, propietario en particular del aeropuerto londinense de Heathrow, aprobó el 93% de una «fusión inversa». Dentro de un mes, su filial holandesa Ferrovial International SE se hará cargo de la matriz española.
“La fusión forma parte del desarrollo natural de la compañía y es fundamental para acelerar su crecimiento, facilitar el acceso a los mercados de capitales y mejorar su competitividad”, defendió este jueves el presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, de 64 años. El objetivo declarado del grupo, el 82% de cuya facturación procede del mercado internacional, principalmente norteamericano, es cotizar en la Bolsa de Nueva York antes de finales de 2023, para poder a los inversores mejorar su financiación. y disponer de la liquidez necesaria para su expansión.
O bien, ninguna empresa española ha conseguido hasta ahora salir a bolsa en Estados Unidos sin antes cambiar de sede. Resulta que la Bolsa de Valores de Ámsterdam es una plataforma común para este tipo de operaciones. Ferrovial, que emplea a cerca de 5.500 personas en España, entre ellas “mantendrá la actividad, el empleo, los proyectos, el plan de inversiones, la contribución fiscal y la cotización en la Bolsa española”recordó el señor del Pino.
Tensiones con los empresarios
El plan de reubicación del grupo, anunciado el 28 de febrero, tuvo sin embargo un efecto de ducha fría para el gobierno de izquierda, encabezado por el socialista Pedro Sánchez. Con la proximidad de las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo, que precederán a las legislativas de diciembre, se percibía como un ataque a su política económica.
Sobre todo porque la breve nota de prensa de la empresa, cuyo valor en bolsa ronda los 20.000 millones de euros, subrayaba las ventajas de “marco regulatorio estable” de los Países Bajos, resultó ser dudosa la de España. Esto llega además en un contexto de tensiones con la patronal en torno a nuevos impuestos a las ganancias extraordinarias de las energéticas y bancos, subidas del salario mínimo o la creación de un impuesto solidario a las grandes fortunas.
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