Congreso de Leyes | Los planes de enero del Gobierno van mal: se le atragantan las tres leyes que quiere pactar

El proyecto de ley para la eficiencia organizativa del servicio público de justicia suma a los otros dos problemáticos que el Gobierno se plantó impulsivo enero: vivienda y mordaza

El Gobierno pidió impulsivo durante el mes de enero en el Congreso muy leyes. Actualmente es muy problema. Los grupos de los que dependen las probaciones empiezan a divisar un panorama oscuroindican a este medio fuentes parlamentarias.

Sus proyectos de nueva vida, derogación de la ley mordaza y de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. El primero es ya un símbolo, y no solamente en el plano ideológico. Ocupar un lugar primordial en la ofensiva social que quiere desplegar Pedro Sánchez cara a las Elecciones autonómicas y municipales en mayo, y cara a las generales que previsiblemente convocará para finales de año. Pero el acuerdo no se acerca.

El segundo es otro símbolo. Al igual que el anterior, fue un compromiso incluido en el acuerdo programático que PSOE y Unidas Podemos firmaron para componer la coalición. Tres años después, ya pesar de los avances, que los ha habido, el pacto se ve lejos. La causa radica en los artículos cuatro-cinco. Como dicen las fuentes, un 4% del contenido está paralizando la norma, pero qué 4%.

Tan exiguo porche afecta a reclamaciones clave de ERC y EH Bildu, grupos sin los cuales el proyecto difícilmente cuajará. Afecta al uso de pelotas de goma por parte de la policía. Afecta al grado de responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. Afecta a qué sanción poner por faltar al respeto a las fuerzas de seguridad. Afecta a la multa por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y afecta a las devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla.

El tercer proyecto, el menos mediático, es otro lío. Hablamos de una ley que, de salir adelante, revolucionará la forma de trabajar de los funciones de justicia de todo pais. La ponencia para iniciar el informe, una vez registradas las enmiendas, se formó en septiembre y antes de fin de año perfiló un borrador gracias a que una mayoría lo hizo posible. Sin embargo, una serie de aspectos que comprometen la viabilidad de la norma, según han informado fuentes de la negociación.

El polipropileno no va a apoyar el texto de ningún modo porque, explican sus fuentes, conlleva una reorganización “revolucionaria” de la planta judicial sin negociación colectiva previa, lo que desaprueba de plano. cs está dudando, comenta en este grupo, porque pocas de sus enmiendas han entrado. El Gobierno, según fuentes de la formación liberal, ha rechazado su demanda de más formación de los jueces en violencia de género y propuestas diversas para un aumento retributivo. Ahora mismo, la idea no es apoyar. Él abstención Es una posibilidad.

Hasta aquí, algo esperado. Que PP y Cs dismarquen de las iniciativas del Ejecutivo sucede a menudo en el Congreso, aunque en el caso de los populares, muy a menudo.

Pero el mapa de aprobación de esta ley se está comenzando a enmarañar porque un grupo clave para ello, ERC, no está a gusto.

Fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación advierten de que a la formación catalana no le gusta el proyecto. Sin comparación absoluta remoción de los jueces de paz, sustitución por una suerte de oficinas municipales. Las fuentes comentan que para Esquerra la medida, en vez de agilizar el servicio de justicia, lo traba aún más. Otras fuentes creen que la razón es otra. Los jueces de paz, al ser designados por los ayuntamientos, permiten a los partidos alargar su correa de transmisión política. Algo así, con unas elecciones municipales asomando por el horizonte, no conviene para nada. Lo que está claro es que los 13 diputados republicanos no viven, hoy por hoy, en el sector del «sí», y eso compromete el proyecto.

Una conexión

Pero no es el factor que más preocupa, siendo el citado un factor preocupante. Aunque en el borrador del informe de la ponencia no figura, tal y como ha comprobado este medio, el PSOE mantuvo una enmienda que para su principal socio político y parlamentario, Unidas Podemos, es una afrenta.

La enmienda, anunciada en septiembre, consecuencia de la presión del PSC, según han reseñado todas las fuentes consultadas, est una modificación de la ley de enjuiciamiento penal que agiliza los desalojos de los «allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles».

El Partido Socialista, con la propuesta, quiere que un juez o tribunal, en 48 horas, proceda al desalojo. Iniciará el procedimiento la instancia de parte legítima o la rendición del atestado policial.

El PSOE, como explicó en su momento el portavoz en el Congreso, Patxi López, defiende la enmienda porque, además de la agilización, establece trucos sociales. Así, si «pudiese manifestarse la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, o una situación de riesgo o posible desarme de un menor, el Juez o Tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que adopte los medios de protección que resulten necesarios”.

Pero esas cautelas no han ablandado ni mucho menos la posición de Unidas Podemos. Las fuentes de la negociación subrayan que han sido numerosas las veces que han pedido al grupo socialista retirada de la enmienda. La insistencia no ha conducido a nada; no han cambiado las posiciones. Para aumentar la presión, el grupo que encabeza Pablo Echenique ha comunicado al director parlamentario socialista que no negociaremos la ley de vivienda mientras siga esa enmienda latiendo en la tramitación.

Aquí aparece la conexión entre ojos tapados de espalda. Hay más razones que contribuyen al empantanamiento de ambos, vistas separadamente. Sin embargo, este vínculo es trascendente. Fuentes de la negociación rebajan la relevancia, no obstante. Opinan que la dependencia de la ley de vivienda de esa enmienda contra la okupación es una medida de presión; no es un posicionamiento político. Unidas Podemos está hablando sobre la ley de vivienda al margen de la propuesta de Patxi López y los suyos.

Con todo, el panorama de estas tres leyes no muestra demasiada luz. La semana que viene comenzará ‘oficialmente’ el periodo de sesiones, ya que Pedro Sánchez comparará ante pleno en una sesión que servirá, además, para convalidar los dos últimos decretos leyes del Consejo de Ministros, el del bajada del IVA de productos de primera necesidad y el del Estado del artista. Enero se encamina hacia su final y las tres normas estrella del Ejecutivo no invite al optimismo.

Ponencia de la Ley de Vivienda

Las fuentes informan que el próximo martes, 24 de enero, formarán la ponencia encargada de redactar el informe sobre la ley de vivienda. Piden no garantizar avances sustanciales porque se abordará la constitución y la fijación de un calendario de trabajo, nada más. Se ha llevado a cabo la negociación sobre los asuntos cruciales, en particular como la limitación de los precios del alquiler en zonas tensas. Habrá movimientos, sin duda, esto no lo duda ninguna fuente, pero la realidad, a punto de extinguir el mes, es que se ha avanzado muy poco.

Los contactos para definir la derogación de la ‘ley mordaza’ no han cesado. El acuerdo no llega, pesa un todo. Cunde ya cierto malestar en la negociación. Fuentes da a entender lamentan que haya filtraciones sobrias una evolución optimista de las conversaciones. Los escollos, los hubo antes, son muros que el PSOE no salta. «Pinta mal», sentencia una fuente, que sospecha de la dirección socialista una maniobra que no le gusta nada: buscar empoderar a otros grupos de un accidente hipotético.

Ambos trámites forman una esperanza en la que está mirando el alcalde progresista del Congreso. Transcurridos 20 días de enero, no termina de agradar lo que ven. ERC y EH Bildu no viernes el escenario con la misma ilusión. PNV y PDeCAT albergan dudas sobre vivienda y eficiencia de la justicia. Queda mucho camino que recorrer todavía, pero ese camino, más que un camino, parece a alambre.