Bruselas impulsa una ley para acabar con los falsos reclamos ‘verdes’ de las empresas

Cualquier anuncio ecológico deberá demostrarse y estar basado en la realidad

Primeras medidas para combatir el ‘frotando‘o lavado de cara verde que practican muchísimas empresastanto grandes como pequeñas, para aparentar cualidades ecológicas que en realidad no tienen. La Comisión Europea acaba de presentar una propuesta legislativa que pretende acabar con el ‘ecopostureo’ en la etiqueta confusa, vago o falso de algunos productos que muestran sellos con supuestas certificaciones ambientales, pero que no se apoyan en criterios científicos y transparentes.

«Todos queremos hacer todo lo posible para limitar los impactos de nuestras elecciones de consumo en el medioambiente, pero no es fácil ser ecológico», se lamentaba en rueda de prensa el comisario europeo de Medioambiente, Virginijus Sinkevicius.

La Comisión Europa ha identificado 230 «ecoetiquetas» distintas en la UE, que presentan las características medio ambientales de los productos y el análisis detallado del riego el 53,3% de esas supuestas propiedades son vagas, confusas o infundadas y que el 40% contienen declaraciones sin base fehaciente para respaldarlas.

Se trata de afirmaciones como «fabricado con un 30% de plástico reciclado», «comprometidos con reducir nuestras emisiones de CO2» o «zumo respetuoso con las abejas».

Para corregir esa tendencia, el Ejecutivo comunitario quiere aplicar un mayor control y transparencia a esas etiquetas que, de manera voluntaria, utilicen algunos fabricantes para promocionar sus productos.

El objetivo es «proteger a los consumidores, pero también proteger a las empresas» que sept perjudicadas al ver que las compañías de la competencia utilizan eslóganes ambientales dudososindican fuentes comunitarias.

Por ello, y sólo en lo relativo a las declaraciones voluntarias de ciertas propiedades, sin incluir ningún nuevo sistema obligatorio de etiquetado, Bruselas propone introducir reglas comunes.

Por ejemplo, no se permitirá que ningún producto muestre una «puntuación agregada» de distintos criterios ambientalespuede perder nitidez en la fotografía real.

Además, si compara unos productos con otros en función de su rendimiento medioambiental, será obligatorio que sustenten en «información y datos equivalentes».

Poner orden en el mar real de etiquetas verdes

Para evitar la proliferación de etiquetas, pero de las 230 que hay, no se permitirán nuevos sistemas públicos a nivel nacional, sino que deberán aportar un «valor añadido» a nivel nacional respetando un estándar armonizado a nivel europeo. nivel.

La Comisión Europea se pone a disposición de los Estados miembros para desarrollar estándares europeos, si los Veintisiete así lo solicitan.

«Cualquier nuevo esquema privado deberá mostrar una mayor ambición ambiental que los existentes y obtener una aprobación previa para ser permitido», agregó la Comisión en su propuesta.

En todo caso, los sistemas de etiquetado ambiental tienden a ser «confiables, transparentes, verificados de forma independiente y revisados ​​periódicamente»añade la Comisión Europea, y las organizaciones de defensa de los consumidores estarán habilitadas para emprender acciones legales contra aquellos fabricantes que no respeten estas reglas de etiquetado.

«No prohibimos ninguno de los esquemas existentes», matizan fuentes europeas, que explican que la directiva sí arrojar luz sobre qué empresas colocan esas etiquetas en el mercado, que criterios siguen y estos basan en datos sólidos y científicos.

«Las afirmaciones ecológicas están en todas partes: camisetas respetuosas con el Océano, plátanos sin emisiones de carbono, zumos respetuosos con las abejas… Desafortunadamente, con demasiada frecuencia estas afirmaciones se hacen sin evidencia ni justificación alguna»lamentó en un comunicado el vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde, Frans Timmermans.

La nueva propuesta normativa, que tendrá que negociarse con el Parlamento Europeo y los Estados miembros, suma a la Directiva de Derechos de los Consumidores que la Comisión presentó el año pasado, con obligaciones para los fabricantes para evitar que los productos contengan información engañosa sobre la impacto social o medioambiental del producto.

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