Antecedentes del salario mínimo  Opinión

Antecedentes del salario mínimo Opinión

NIKOLAS AZNARES

Algunos conflictos se presentan en el debate público con términos que ocultan lo que hay detrás de escena. En mi opinión, esto ha sucedido con el aumento del salario mínimo. El debate sobre su tiempo eclipsó otros factores que realmente dieron forma a las negociaciones.

No existen razones económicas que justifiquen la negativa a mejorar el salario mínimo en 15 euros al mes. Un aumento del 1,5%, muy por debajo de la inflación y por debajo de los incrementos pactados en la negociación colectiva.

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Este debate pretende conciliar las causas de la igualdad social con las de la eficiencia económica, cuando ambas van de la mano. El aumento del salario mínimo protege a las personas que más lo necesitan, carece de margen para la negociación colectiva y reduce el riesgo de pobreza laboral. Pero también contribuye a la eficiencia de nuestro sistema de producción. La economía española no está interesada en mantener la competitividad de los salarios bajos. Asignar recursos importantes a la transición digital y verde, manteniendo los salarios precarios, es como echar agua en la canasta del esparto, porque los bajos salarios desalientan la innovación.

Para dorar la píldora de la congelación, se afirma que aumentar el salario mínimo perjudica a las pymes y a las personas con menos formación. Obviamente, el apoyo a las microempresas no puede tomar la forma de salarios bajos, que en muchos casos solo sirven para sostener negocios insostenibles o facilitar estrategias de subcontratación de costos para empresas clave que subcontratan a las pymes.

Estamos en una fase de crecimiento económico y empleo y es un buen momento para mejorar los salarios en general y bajarlos en particular. No niego que puede haber casos en los que este aumento de costes pueda ser un obstáculo para la creación de puestos de trabajo precarios. Pero a nivel macro, esta mejora no afectará el nivel de empleo y, por el contrario, puede facilitar el proceso de sustitución de trabajos precarios por otros de mayor calidad.

En los próximos años -el proceso ya ha comenzado- se reducirá la llegada de jóvenes al mercado laboral por motivos demográficos, lo que reduce la presión sobre el empleo y facilita esta transición. La inclusión de personas poco cualificadas en la población activa debe buscarse no condenándolas a salarios bajos, sino mejorando la oferta de formación profesional y promoviendo una actuación altamente personalizada y adaptada a colectivos para los que la formación reglada no funciona.

La batalla por la CEOE es más ideológica que económica. Hay mucha ideología sin base económica en su negativa a subir el salario mínimo. El peso de los sectores que han hecho volátil su estrategia competitiva sigue siendo muy importante en la patronal, sobre todo por la inhibición asociativa de las empresas más dinámicas e innovadoras.

Los mensajes que los empleadores recibieron de la política tampoco contribuyeron al acuerdo. El cargo de la vicepresidenta Nadia Calvinho fortaleció los argumentos a favor del congelamiento del salario mínimo. Además, los dirigentes de la CEOE han notado en sus espaldas el aliento del Partido Popular, que es fatal para los acuerdos firmados por los empresarios con el gobierno, y el apoyo del presidente a los indultos.

De todos los elefantes que se esconden en la trastienda de las negociaciones, quizás el mayor sea que este conflicto se sitúa como preludio de otro con mayor intensidad, el de la reforma de la legislación laboral.

La CEOE quiso enviar un mensaje al gobierno, advirtiéndole que no dé por sentado su consentimiento en estas complejas negociaciones. Y el gobierno, a través de la ministra de Trabajo y vicepresidenta Yolanda Díaz, respondió con la misma lógica, mostrando que estaba dispuesto a aprobar legislación solo con el consentimiento de los sindicatos.

Hasta ahora, la CEOE había elegido los convenios tripartitos con los que estipulaba, como lo han hecho CC OO y UGT, como consecuencia de la normativa aprobada. Este es el caso de ERTE o Ley para el jinete en el que el empresario ha logrado realizar modificaciones que parecen insignificantes pero importantes.

La CEOE pudo ponerse de acuerdo sobre el camino para subir el salario mínimo hasta 2023, pero lo abandonó. Este cambio de estrategia tiene sus riesgos para los empleadores, especialmente porque 2023 es un año electoral muy dulce para el gobierno. Aunque eso no le parece importarle, quizás porque sabe que los incrementos esperados no son muy importantes para las empresas asociadas a él, o quizás porque planea volver a la lógica de la coordinación social, lo cual sería una gran noticia.

El proceso de negociaciones para la reforma de la legislación laboral que ya ha comenzado es muy importante para la sociedad en su conjunto. Arriesgamos mucho, porque parte del éxito de las transiciones en curso y la utilidad de la próxima generación de fondos de la Unión Europea dependerán de cómo termine la reforma laboral.

El dilema al que nos enfrentamos como país es decidir si la legislación laboral acompañará las transiciones ecológicas y digitales esenciales que requieren un empleo de calidad, o si seguirá funcionando en la dirección opuesta.

En los debates sobre la inseguridad o la rigidez del mercado laboral, depende de la visión, toda responsabilidad suele recaer en la legislación laboral. Cuando los factores más determinantes tienen mucho en común con nuestra estructura productiva. En la economía española tienen mucho peso los sectores altamente estacionales que desalientan el aprendizaje y la innovación, con muchas pymes y microempresas que luchan por innovar en tecnología, procesos o productos o por adoptar estrategias de flexibilidad acordadas. Y esta es, en última instancia, la pieza que utilizan las empresas centrales que controlan productos y mercados para reducir sus costes laborales.

El gobierno, los sindicatos y los empresarios -cada uno desde su punto de vista- deberán decidir si bloquear legalmente la estrategia de aquellas empresas que utilizan diversas fórmulas para buscar escapar del marco protector de la legislación laboral. Tendrán que elegir entre mantener una legislación que permita la contratación temporal o establecer límites por causa y abuso. Si mantienen o eliminan la superioridad de los convenios colectivos sobre los sectoriales al permitir condiciones laborales en peius, alentar dumping social de las empresas más inseguras. Si reforman o no y en qué dirección esta regulación de outsourcing, que promueve estrategias de outsourcing de riesgos y costos desde las empresas centrales que controlan las cadenas de valor empresarial, hacia las periféricas, principalmente pymes. Deberán decidir si mantener la unilateralidad del negocio para afrontar los ajustes productivos que requieren las empresas, o promover formas pactadas de flexibilidad, aprovechando las lecciones de la crisis pandémica de ERTE.

Son conflictos a los que el consenso social debe dar respuesta victoria victoriaque compatibilicen la mejora del empleo y las condiciones laborales con la eficiencia económica. No será fácil porque hay intereses en conflicto. Además, será necesario probar a los elefantes en la trastienda, en este caso aún más importante, para no abrumar las negociaciones.

Joan Coscubiela Es político y sindicalista.

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