A fallo de la Justicia europea abre la puerta a que las empresas murcianas pagan las gafas a sus empleados

CC OO exige a la Comunidad que sufrague lasentes graduadas o las lentillas a los funcionarios

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) abre la puerta a que las empresas pagan las gafas graduadas o las lentillas a los empleados que las necesitan para trabajar ante las pantallas de ordenador. CC OO va a exigir la aplicación del fallojudiciar en la Comunidad y ha anunciado que será solicitado por la Administración Autonómica que sufrague ise gasto a los funcionarios que pasen más de cuatro diarias o veinte semanales delante de la pantalla o que disponen de un informe médico en el que se acredita la necesidad de proteger la vista cuando se utilizan dispositivos electrónicos.

Tras el fallo de la Justicia europea, que se ha producido a raíz de “un conflicto entre un trabajador y la Inspección General de Inmigración de Rumania”, CC OO defiende que «la Comunidad deberá sufragar el coste de los dispositivos visuales siempre que se cumplan los siguientes requisitos: que se demuestre el uso colgante pantallase más de cuatro horas diarias o 20 semanales o que dispongan de un informe médico qu’acredite la necesidad de usar vasos o lentillas”.

el delegado de Prevención de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Andrés Cayuela, ha recordado que el uso de los ordenadores “produce una vista deteriorada, que aumenta con el tiempo. Tenemos derecho a que la Administración nos proporcione los medios o el pago por la adquisición por las gafas o las lentillas para realizar de manera segura nuestro trabajo».

Cayuela explicó a La Opinión que los servicios juridicos del sindicato han estudiado la sentencia dictada por el TJUE que interpreta el artículo 9 de la Directiva de mayo de 1990, «referente a las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos», dado que esta norma europea está incorporada a la legislación nacional.

Andrés Cayuela grita que se trata de «un derecho para los trabajadores afectados. Si la Administración no accede a reconocerlo, ponemos a disposición de los trabajadores los servicios jurídicos del sindicato para realizar la reclamación pertinente”, ha asegurado.