Un padre de Valladolid no podrá acudir a su hija de doce años tras darle lejía "para matar patógenos" |  Mis derechos  Ciencias económicas

Un padre de Valladolid no podrá acudir a su hija de doce años tras darle lejía «para matar patógenos» | Mis derechos Ciencias económicas

La fachada de la Audiencia Provincial de Valladolid.  MAPAS DE GOOGLE
La fachada de la Audiencia Provincial de Valladolid. MAPAS DE GOOGLE

Un juzgado provincial de Valladolid ha prohibido a un padre acercarse y comunicarse con su hija de 12 años después de darle una bebida a base de dióxido de cloro «para eliminar los metales nocivos de la radiación». Se trata de una orden de protección emitida en un proceso penal por un delito con lesión. El texto se puede ver en este enlace.

Según la declaración de la madre y el propio testimonio de la menor, durante dos meses su padre le dio «una bebida llamada agua amarilla, que ella bebía mezclada con agua». El padre también «le dio los biberones y la jeringa para que se los preparara y se los bebiera cuando estaba con su madre». Cuando se enteró, llevó a su hija al médico «para asegurarse» de que el líquido «no era bueno». Después de un análisis, los médicos «le dijeron que no lo volviera a tomar».

En el proceso, el padre dijo que le recomendó la bebida a su hija porque un médico le dijo que era «buena para matar patógenos y que la ha estado bebiendo desde enero». Tal y como se recoge en la resolución, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) advierte que «el consumo de dióxido de cloro y clorito de sodio supone un riesgo grave para la salud», por lo que «en ningún caso se recomienda» ya que puede «provocar graves daños a la salud ». De hecho, su consumo directo puede provocar «dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que pueden derivar en deshidratación, insuficiencia renal, anuria, anemia hemolítica y metahemoglobinemia». Además, «sus vapores pueden provocar irritación ocular o respiratoria, broncoespasmo o incluso edema pulmonar».

Por tanto, el juzgado provincial declaró que «el menor se encuentra en una situación objetiva de riesgo» y por tanto ratificó la decisión del juzgado de instrucción que dictó la orden de protección. También acordó suspender el régimen de visitas.

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