Tres años de investigación sobre el supuesto cobro de comisiones por parte del Rey Emérito  España

Tres años de investigación sobre el supuesto cobro de comisiones por parte del Rey Emérito España

El Rey de Honor Juan Carlos I en el Congreso, el 6 de diciembre de 2018.Eduardo Para / Europa Press

Las investigaciones sobre el supuesto cobro de comisiones por parte de Juan Carlos I en las obras de AVE en La Meca, construido por un consorcio de empresas españolas liderado por OHL, llevan en el poder judicial más de tres años. Hasta llegar a la Fiscalía del Tribunal Supremo por la condición de Rey Emérito, las investigaciones habían pasado previamente por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción.

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En septiembre de 2018, el ex juez de la Audiencia Nacional Diego de Aegea rechazó temporalmente la canción Carol, en la que las grabaciones del ex comisionado de policía José Manuel Villarejo fueron investigadas por Corina Larsen, examinando a Juan Carlos I, en la que lo acusó de cobrar comisiones por la obra. .

El magistrado y los fiscales consideraron “sumamente débil” las pruebas aportadas por estos expedientes y coincidieron en que el presunto pago de comisiones por este trabajo, si las hubiere, se había realizado antes de la abdicación del anterior jefe de Estado, por lo que quedaría amparado. por inmunidad establecida por la Constitución.

La Fiscalía Anticorrupción, encabezada por Alejandro Luzón, también solicitó un expediente temporal, pero dijo que iniciaría una investigación por un presunto delito de corrupción en transacciones internacionales, es decir, el supuesto cobro de comisiones por parte del Rey Emérito. Desde entonces, los fiscales han tomado testimonio de Larsen y otros testigos e investigado a Juan Carlos I por el presunto cobro de comisiones en las obras del segundo tramo del AVE entre Medina y La Meca en Arabia Saudita.

Casi al mismo tiempo que el juez De Egea archivaba la causa en España, la Fiscalía suiza, cuando EL PAÍS avanzó el 3 de marzo de 2020, inició una investigación sobre una donación de 65 millones, que Larsen recibió de Juan Carlos I en nombre de la Fundación Lucum de Panamá en Mirabaud & Cie Bank en Ginebra. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón y Anticorrupción solicitó al fiscal suizo Yves Bertosa la información que recibió sobre los 65 millones recibidos el 8 de agosto de 2008 del entonces jefe de Estado del Ministerio de Hacienda saudí.

En marzo de 2020, y ante el avance de las investigaciones anticorrupción, el Ministerio Público decidió trasladar todas sus indagatorias a la Fiscalía de la Corte Suprema, afectando un contador que ya no podía atribuirse. La fiscalía luego anunció que la investigación se centró en “distinguir o excluir la trascendencia criminal de los hechos ocurridos después de junio de 2014, fecha de su abdicación”. La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, ha dirigido la investigación al Fiscal Teniente Juan Ignacio Campos, especialista en delitos económicos.

Evidencia de presuntos delitos

Las investigaciones iniciadas por Luzón y su equipo ya han encontrado indicios de presuntos blanqueo de capitales, reorientación, tráfico de influencias y delitos fiscales, los mismos denunciados por la Fiscalía General en varias ocasiones. El objetivo principal era rastrear el movimiento de dinero procesado por el rey emérito dentro y fuera de España, y las investigaciones dieron lugar a tres diligencias indagatorias diferentes.

El primero se centra en un informe de la Oficina para la Prevención del Blanqueo de Capitales (Sepblac), la unidad de inteligencia financiera de España, que advirtió que el empresario mexicano Alan Sangines-Krause, residente en Reino Unido y fundador del grupo inversor BK Partners, había enviado entre 2017 y 2018, seis transferencias a nombre de Nicolás Murga Mendoza, ex coronel de la Fuerza Aérea y asistente de Juan Carlos I.Algunos de estos pagos fueron transferidos a las cuentas de propietarios de familias reales o personas cercanas a ellos. La Fiscalía tomó declaración al empresario y exmilitar. El primero asegura que fueron donaciones al Rey Emérito.

La segunda investigación se centra en la Fundación Zagatka de Álvaro de Orleans, primo lejano del Rey Emerit, que pagó más de ocho millones de euros en vuelos privados a Juan Carlos I y otros tres millones a Corina Larsen. Este último los devolvió a petición de Orleans. En esta fundación, Juan Carlos I aparece como el tercer beneficiario en el caso de que Orleans y uno de sus hijos fallezcan. En cuarto y quinto lugar quedaron Felipe VI y sus hermanas. Tras revelar a este diario que el exjefe de Estado había aparecido como beneficiario de esta fundación en Liechtenstein, que movía 14 millones, la Casa Real anunció la renuncia de Felipe VI de cualquier herencia de su padre y el retiro de sus fondos económicos.

Una tercera investigación de enjuiciamiento de la Corte Suprema se centra en un Confianza (un instrumento financiero para ocultar beneficiarios de una cuenta o herencia) que trasladó 10 millones a la isla de Jersey, descubierto por Sepblac. La mitad del rey emérito niega cualquier conexión con estos depósitos.

Esta investigación, aún pendiente, ya que se han enviado solicitudes a varios países, incluidos Suiza y Arabia Saudita, puede terminar con la presentación o presentación de una denuncia penal si se investigan los indicios de un delito.

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