Todos los adultos pueden movilizarse en España en caso de crisis  España

Todos los adultos pueden movilizarse en España en caso de crisis España

Miembros de la Unidad de Emergencias Militares (UME) desinfectaron una residencia de ancianos en Madrid en marzo del año pasado.Samuel Sánchez

Todo adulto está obligado a cumplir con los “beneficios personales” exigidos por las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional cuando se declara un estado de crisis en España. En este caso, todos los ciudadanos sin excepción deben cumplir con las órdenes e instrucciones emitidas por las autoridades.

Así lo establece la reforma gubernamental de la Ley de Seguridad Nacional, que incluye algunas de las lecciones aprendidas de casi un año y medio de la crisis de salud.

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En el caso de que se haya declarado un estado de crisis en España (“ley de interés de la seguridad nacional” es el nombre que da la ley), las autoridades también podrán proceder a la confiscación temporal de todo tipo de bienes, interfiriendo u ocupando temporalmente el necesario o suspender cualquier actividad. Tendrán derecho a indemnización quienes sufran perjuicios económicos por la incautación de sus bienes o la interrupción de sus actividades. En sus primeros borradores, la ley prohibía el pago de indemnizaciones a quienes estuvieran obligados a obtener beneficios personales.

Si bien el proyecto no lo especifica, se asume que la ganancia personal y la incautación de material estará relacionada con el tipo de crisis de que se trate, ya sea de carácter sanitario, ambiental, económico, financiero, etc. Los artículos dejan claro que las medidas que se adopten serán graduales y proporcionadas a la situación a la que nos enfrentaremos, y se limitarán al tiempo estrictamente necesario para superar la situación de crisis.

La obligación afecta no solo a todos los ciudadanos, sino también a las empresas y personas jurídicas de colaborar con las autoridades para superar la crisis aportando un carácter personal o material. El texto se basa en el artículo 30 de la Constitución, según el cual “los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España”.

El mismo artículo regula el servicio militar obligatorio (suspendido en España en 2001), aunque no se refiere a su apartado 2º, que establece las “obligaciones militares de los españoles”, sino al 4º, según el cual “por ley, las obligaciones los ciudadanos pueden ser regulados en casos de riesgo grave, catástrofe o desastre social ”, disposición constitucional cuyo desarrollo no se ha publicado hasta el momento.

Si bien prevé la imposición de beneficios personales y materiales, la ley de seguridad nacional es sencilla, a diferencia de la del Servicio Militar de 1991, que era orgánica; lo que puede crear problemas legales, ya que solo las leyes orgánicas pueden afectar los derechos fundamentales. Además, la declaración de una situación de “interés de seguridad nacional” (es decir, un estado de crisis) por real decreto es responsabilidad exclusiva del Primer Ministro y no del Congreso, aunque los tribunales deben ser informados de inmediato de las medidas.

Obligación de los medios

Durante la pandemia, el gobierno no recurrió a la declaración de una “situación de interés de seguridad nacional” sino al estado de preocupación regulado por una ley de 1981. Sin embargo, con la reforma ahora finalizada, la Ley de Seguridad Nacional podría ser más apropiado para afrontar este tipo de situaciones. Entre otras novedades, el proyecto incluye la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de información de carácter preventivo u operativo.

Sin embargo, lo más importante es que incluye medidas para evitar que se repita la escasez de productos y bienes que son críticos para enfrentar una crisis, como la falta de mascarillas, respiradores y EPP, que surgieron cuando las infecciones comenzaron a extenderse ampliamente.

El borrador fue visto en primera lectura por el Consejo de Ministros el 22 de junio y está pendiente de aprobación final para su envío al Congreso, aunque su contenido ya ha sido comunicado a las comunidades autónomas y algunos grupos parlamentarios.

Su elaboración cumple con el mandato contenido en una disposición de la Ley de Seguridad Nacional de 2015, que otorga al gobierno un plazo de un año, aparentemente incumplido, para enviar a las Cortes un “proyecto de ley que regule la preparación y asignación de los recursos de la Seguridad Nacional”. Desarrollando esta nueva norma, el gobierno optó por reformar la ley actual a la luz de la experiencia adquirida en la lucha contra el coronavirus.

Una de las principales lecciones de la pandemia es la necesidad de asegurar el suministro de recursos críticos en situaciones de crisis internacional, dadas las dificultades para adquirirlos en un mercado marcado por las restricciones a la exportación impuestas por los países productores y la especulación derivada del exceso de demanda y la escasez. en oferta. Por ello, el texto se compromete a asegurar la provisión de recursos básicos y estratégicos mediante la autosuficiencia en condiciones excepcionales.

Para ello, el Consejo de Seguridad Nacional elaborará y actualizará un catálogo de recursos humanos y materiales, públicos o privados, que pueden ser de utilidad en caso de crisis. El catálogo será aprobado por el Consejo de Ministros e incluirá la aportación de comunidades autónomas y entidades locales. Se aprobarán planes para la elaboración y asignación de recursos incluidos en el catálogo, y se realizarán ejercicios para verificar su disponibilidad, aunque sin una asignación real de fondos.

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