Temporada alta de bares políticos  España

Temporada alta de bares políticos España

Tony Canto intervino en un acto de la campaña electoral de Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de abril.Marshall / EFE

Esta es una palabra recurrente en el debate parlamentario, y la mayoría de las veces cuando se habla de “chiringuitos” los parlamentarios no se refieren a la playa, sino que se acusan de malgastar el dinero público para acomodar a amigos o compañeros, como los que han agotado sus asientos. El período inmediatamente posterior a las elecciones es su temporada alta.

Cada vez que aparece una nueva, como la del Gobierno de España en Madrid, reaparece el debate, que va y viene como una promesa de reducir la investigación o convertir al Senado en una “verdadera cámara territorial”. Este es un resumen de los colegios políticos u organizaciones dudosas creadas en los últimos años por diversas administraciones.

“Chiriguito soy yo”. Así es como Tony Canto se defendió tras su controvertido nombramiento como director de la oficina española. “Ya no hay estructura”, agregó. En el PP, más de uno se puso las manos en la cabeza, dándose cuenta de que esta declaración es la prueba clara de que la mencionada entidad se creó solo para darle un puesto tras la cancelación de su candidatura a las elecciones de Madrid por parte de los tribunales. La oficina que dirige no existía antes y su objetivo es “hacer de Madrid la capital europea de España”. Algo que ya es. La elección de Kanto fue especialmente polémica, ya que en su paso por Ciudadanos se había consolidado como el flagelo de los “chiringuitos e incluidos en la red” y muchas veces culpó al PP y al PSOE de acomodarse a sus amigos y negarse a la meritocracia.

Isabelle Díaz Ayuso se defendió atacando: “Me hablan de chiringuitos”, dijo a la Asamblea, “los de 23 ministerios, 764 concejales, un apalancamiento general 2030, una oficina nacional para la estrategia de largo y largo plazo del país” , y lo más bueno es que la oficina española de bicicletas, no sé si, porque dice bicicleta, no bicicleta, no la critican ”. Él, por su parte, recordó que el socialista Antonio Miguel Carmona prometió en 2015 crear un “palacio de los españoles”. Se trataba de hacer de Madrid la “capital del mundo español”. Tampoco prospera.

Abascal, director de dos entidades disueltas. A menudo le recuerdan en el Congreso de Santiago Abascal, líder de Vox, su paso por la Fundación Mecenazgo y Patrocinio Social, donde gana más de 82.000 euros anuales como consejero y propietario único. El propio Abascal se dio cuenta años después, cuando el tema ya estaba disuelto, que esto era “innecesario”. Con anterioridad, el gobierno del PP lo nombró director de la Agencia de Protección de Datos de Madrid, que fue suprimida en 2012.

El precedente de Kanto. En 2005, José Luis Gimeno, del PP, abandonó el ayuntamiento de Castellón para dar paso a Alberto Fabra y asumió el cargo de consejero delegado de Castellón Cultural para desarrollar el proyecto Ciudad de las Lenguas, un “centro internacional de formación”, para hacer Castellón la “capital internacional de España”, según declaró el entonces presidente valenciano Francisco Camps. El complejo estaba presupuestado en más de 250 millones de euros y hoy solo queda un recuerdo su costoso modelo. Gimeno pasó tres años al frente del proyecto, que gastó alrededor de 200.000 en investigación, hasta que finalmente se suspendió en 2013.

Santiago Abascal, el pasado mes de abril en el Congreso.
Santiago Abascal, el pasado mes de abril en el Congreso. EUROPA PRESS / E. Vine. PISCINA – Eu / Europa Press

Agua, progreso y zombies. También fracasó la Fundación Agua y Progreso, creada por la Generalitat Valenciana del PP para impulsar el traspaso del Ebro a tierras valencianas. Su personal está formado principalmente por combatientes y funcionarios públicos populares. Recibió más de siete millones de euros en subvenciones y fue liquidado en 2011. Hasta entonces, había sido muy criticado por la oposición, como la Fundación Jaume II el Just, que pretendía restaurar el monasterio de Valdinya. Allí empezó a cobrar comisiones para el PP de Marcos Benavent, según declaró él mismo cuando se arrepintió y atribuyó su presunta implicación en varios casos de corrupción a convertirse en un “adicto al dinero”. Era un trabajador zombi sin tareas conocidas. La fundación fue desactivada arrastrando una deuda de 10 millones de euros.

El exfuncionario de alto rango del Valencia, Marcos Benavent, testificó ante el tribunal.
El exfuncionario de alto rango del Valencia, Marcos Benavent, testificó ante el tribunal. kai försterling (efe)

También estuvo aparcada la Fundación CiCAL (Centro de Estudios del Conocimiento para la Administración Local), impulsada por José Manuel Orengo, exalcalde socialista de Gandia y exasesor del presidente de Valencia, Ximo Puig. En la época en que Kanto era diputado en el Congreso, Ciudadanos era particularmente militante con esta entidad, introducida en 2017, que calificó de “chiringuito”. Tras el revuelo que provocó su aparición, Orengo abandonó el proyecto poco después de nacer y se fue a trabajar a una empresa privada.

“Administración paralela”. Así llaman PP y Cs lo que descubrieron cuando llegaron a la Junta de Andalucía en 2019 tras casi cuatro décadas de gobiernos socialistas. En dos años y medio han eliminado 59 unidades o las han integrado con otras. Entre las fundaciones más controvertidas del panorama socialista se encuentra la Faffe (Fundación Andaluza de Formación para el Empleo), disuelta en 2011, que devenga 55,6 millones en gastos injustificados, según un informe del Tribunal de Cuentas de Andalucía. a su exdirector Fernando Villen por gastar 31.969 euros con el carnet oficial en burdeles, así como a decenas de contratos adjudicados manualmente a 9,4 millones de personas relacionadas con el PSOE. El ex alcalde de Lebria (Sevilla) Antonio Torres trabajó con Villen, pero sin asumir que se fue a trabajar, según la Guardia Civil, a pesar de recibir 535.000 euros.

Cataluña, 359 entidades públicas. El debate sobre los “chiringuitos” también es recurrente en Cataluña, especialmente tras la aparición de proceso. En 2011, el PP pidió al Gobierno que debilitara la administración, y en 2012, Cs empezó a acusar al consejero delegado catalán de poner en marcha organizaciones satélites para poner a sus “amigos”. El PSC publicó en marzo del año pasado un informe criticando a la Generalitat por 359 entidades públicas, 102 más que Andalucía -la segunda del ranking- y 203 más que la tercera, el País Vasco. Cataluña es la comunidad con mayor extensión de la administración pública en cuanto a altos cargos. Los socialistas reconocen que es normal que tenga un gran número de organismos porque tiene su propia lengua y cultura, pero insisten en “evitar la duplicación”. Durante la campaña, Cs cuantificó la inversión en chiringuitos catalanes en 900 millones de euros.

Falta de registros. En 2012, el presidente gallego, Alberto Núñez Feyoo, declaró la austeridad y abolió las 34 fundaciones regionales creadas por Manuel Fraga. Xunta despidió a los trabajadores temporales, pero finalmente transfirió a los trabajadores permanentes, incluida la mayoría de los ex gerentes, a otros chiringuitos. Entre estos directivos, al menos media docena de puestos de PP se integraron en puestos creados para ellos en las oficinas de empleo.

En los últimos años, el Consejo de Contabilidad (el supervisor del sector público gallego) ha destacado que mientras la Xunta está cerrando unos chiriginos, está abriendo otros. Durante la última década, el presupuesto de sueldos para los puestos de estas entidades se ha incrementado en un 60%. El Consejo de Contabilidad también condenó la obstrucción por parte de la Xunta de la supervisión de los chiringuitos al no crear el registro al que Xunta estaba obligada por ley en 2012.

Y entrenamiento. Ciudadanos prometió en la campaña de 2019 que eliminaría las 16 entidades públicas de Castilla y León, pero una vez en el poder junto al PP, retiró solo una, la Fundación Anclaje. Uno de los casos más significativos de reubicación a esta comunidad es el de Soraya Mayo. En 2019 aspiraba a ser Diputada Nacional de Ciudadanía, pero fracasó y fue incluida en el Instituto Agrario de Tecnología de la Comunidad como Subdirectora de Investigación y Tecnología, aunque fue periodista de formación. La oposición condena que las fundaciones no rindan cuentas a la Cámara.

Con información de: Ferrán Bono, Javier Martín-Arroyo, Ángeles Piñol, Cristina Huete y Juan Navarro.

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