Separación y enfrentamientos en el sector agrícola por la distribución de la ayuda de la PAC  Ciencias económicas

Separación y enfrentamientos en el sector agrícola por la distribución de la ayuda de la PAC Ciencias económicas

Un rebaño de vacas de una explotación ganadera en Andalucía.JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Asesores agrarios de todas las Comunidades Autónomas y del Ministerio de Agricultura intentarán llegar este miércoles a un acuerdo sobre el desarrollo de un plan estratégico en el que se establezca el reparto de los más de 47.000 millones de euros disponibles para el periodo 2023-2027 en la nueva reforma del Política Agrícola Común (PAC). El encuentro comienza en un clima de división entre autonomías y rechazo a la propuesta de Atocha en aspectos como la convergencia de los procesos de ayuda, la regionalización, la política de redistribución, los eco-esquemas, la identificación del agricultor profesional receptor de los fondos o la abolición de los derechos históricos individuales.

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Los consejeros regionales de la rama, como el socialista Francisco Martínez Arroyo de Castilla-La Mancha o el independiente Joaquín Olona de Aragón, son unánimes en la necesidad de abordar los agravios territoriales actuales y avanzar cuanto antes, no en 2029, hacia la plena convergencia de pagos, la agricultura familiar y los profesionales agrícolas como principales beneficiarios, así como la abolición de los derechos individuales históricos actuales. “No tiene sentido”, dice Martín Arroyo, “que los pagos por derechos históricos individuales se sigan haciendo sobre la base de producciones que en muchos casos ya no se procesan. Es necesario avanzar más rápido en la convergencia de las ayudas y una reducción más importante del número de regiones “.

En general, esta propuesta prevé que el 60% de los pagos directos (casi 5000 millones anuales) se utilicen como ayuda básica a la renta y el 12% como ayuda redistributiva adicional. La propuesta formal especifica el destino de al menos el 3% de las ayudas directas tanto para apoyar la renovación de generaciones como para incrementar el apoyo a las mujeres a través de fondos del primer pilar o pagos directos para el segundo pilar o para el desarrollo rural. El apoyo adicional a los ingresos para los jóvenes será del 2% de estos fondos y del 25% para apoyar planes ecológicos o medidas ambientales voluntarias que puedan ser adoptadas por agricultores fuera de los requisitos de la comunidad. Los pagos como ayuda directa relacionada con la producción serán del 12,4%, más el 1,95% solo para las proteaginosas. El olivar se suma a las ayudas sectoriales, donde ya se ubican otras producciones como el vino, con un 0,62% del equivalente a 30 millones de euros.

En cuanto a los beneficiarios, deben ser agricultores en activo, estar vinculados al Régimen Especial de Autónomos Agrarios o que una parte importante de sus ingresos totales, el 25%, provenga de la actividad agraria. También se considerarán profesionales aquellos que reciban ayudas iguales o inferiores a 5.000 euros para apoyar la agricultura a tiempo parcial. En esta etapa, como ya es el caso, quedan excluidas las aceras de aeropuertos, inmuebles o instalaciones deportivas como campos de golf.

Techo de 100.000 euros

La principal ayuda a la renta tendrá un tope de 100.000 €, aunque habrá reducciones de 60.000 €: entre 60.000 y 74.999 € se reducirán en un 25%; entre 75.000 € y 89.999 € la reducción será del 50%; y en la zona entre 90.000 y 99.999 euros, la rebaja será del 85%. Además, la ayuda solo se abonará cuando sea igual o superior a 300 EUR.

El principal apoyo a la renta se diferenciará por zonas con un modelo basado en 20 regiones, frente a las 50 actuales para cuatro tipos de áreas: cultivos de lluvia, cultivos de regadío, cultivos permanentes y pastos permanentes. El objetivo es que la convergencia en la misma región sea del 85% para 2026 y se incluyen objetivos de última hora del 100% para 2029.

La propuesta prevé un pago redistributivo y una ayuda adicional para las primeras hectáreas de una explotación por un importe equivalente al 20% del importe de la ayuda básica concedida a esa región. Aunque, si el beneficiario es una mujer, aumenta un 5%. También se prevé una ayuda adicional para jóvenes, consistente en el 100% del importe correspondiente a la media regional de la ayuda básica hasta un máximo de 90 hectáreas durante cinco años y un 10% más si se trata de una mujer.

En una propuesta presentada por el ministerio hace un año en una conferencia sectorial respaldada por 11 comunidades autónomas, la agricultura propone lograr la plena convergencia en 2025. Una vez alcanzado este objetivo, Atocha se plantea abolir los derechos individuales históricos individuales para sustituirlos “por más – menos”. Pagos superficiales complejos, burocráticos y especulativos para facilitar la movilidad del suelo y especialmente para los más jóvenes ‘, algo que no aparece en esta propuesta.

Este desplazamiento de posiciones respecto a otras autonomías se refleja en el impacto de una parte importante del sector agrario andaluz, como ya ha ocurrido en la puesta en marcha de la reforma de 2014, basada en la continuidad de los pagos por derechos históricos y la mínima convergencia en los derechos de pago. , que ha traído el lodo actual.

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