Reforma de los delitos contra las revueltas y motines: una propuesta  Opinión

Reforma de los delitos contra las revueltas y motines: una propuesta Opinión

Los políticos catalanes Joaquim Forn, Raul Romeva y Oriol Hunkeras, acusados ​​de insurrección, en el Tribunal Supremo durante el juicio (2019).Imágenes de Emilio Naranjo / Getty

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Parece haber pocas dudas en el mundo legal de que los delitos contra los disturbios y los disturbios adolecen de regulaciones obsoletas que se remontan esencialmente al siglo XIX. Y existe un amplio consenso de que necesitan una reforma que adapte su contenido a las necesidades de una sociedad democrática avanzada. Sin embargo, es imperativo que la discusión pública y de expertos que debe tener lugar para lograr resultados aceptables se elimine en la medida de lo posible del debate político oportunista y de corto plazo. La pregunta lo requiere: los delitos antes mencionados, o los que los sustituyan, tienen una legitimidad y una trascendencia que difícilmente se cuestiona en un Estado constitucional regido por el Estado de derecho como España. Se trata, ni más ni menos, de defender el orden constitucional democrático frente a graves agresiones que atenten contra su propia existencia o su normal funcionamiento.

En las siguientes líneas pretendo destacar, de forma accesible al público no especializado, la compleja propuesta formulada recientemente por el Grupo de Estudio de Política Criminal. Este grupo, formado por casi doscientos académicos, jueces y fiscales, lleva más de 30 años interviniendo en el debate político-penal español con una amplia variedad de propuestas de reforma penal.

Puedo empezar diciendo que formalmente la propuesta va a una profunda simplificación de este reglamento: Baste decir que reduce el número de reglamentos que rigen este tema de los 19 actuales a un total de 6. Además, elimina el delito de sedición, que ha sido parcialmente reemplazada por un nuevo delito de cambio serio en el orden constitucional democrático, que ya no están relacionados únicamente con la protección del orden público.

Pero vayamos al fondo. Dos intereses, particularmente dignos de tutela, inspiran todo el reglamento propuesto. El primero es la integridad del orden constitucional democrático, que requiere que el derecho penal reaccione enérgicamente ante cualquier atentado grave. socavar el orden constitucional. Dicho socavamiento se entiende como una modificación de facto de la estructura política, forma de gobierno u organización territorial del estado. El segundo interés es la preservación de funcionamiento normal del orden constitucional democrático, lo que requiere una respuesta criminal decisiva frente a conductas que alteren gravemente dicho funcionamiento.

Para proteger estos intereses, se establecen tres niveles de protección penal. La primera orden castiga los levantamientos armados con el objetivo antes mencionado de socavar el orden constitucional español. El segundo delito involucra una conducta violenta o seriamente intimidante apropiada para socavar el orden constitucional; A estos se suman comportamientos igualmente adecuados para este fin, utilizando medios informáticos.

Finalmente, una tercera orden castiga los levantamientos públicos violentos que intimiden gravemente o afecten materialmente el funcionamiento del orden constitucional. Además, dicha conducta debe poder impedir o dificultar la aplicación de las leyes y las decisiones judiciales o administrativas o el legítimo ejercicio de sus funciones por los órganos o servidores públicos. Su carácter de revuelta y las graves consecuencias para el normal funcionamiento del orden constitucional distinguen este último orden de otros delitos como el desorden público o la desobediencia al poder, incluidos entre los delitos contra el orden público.

En todos estos casos, las acciones preparatorias de estos delitos también son punibles, aunque en menor medida, al igual que la conducta autoritaria de las autoridades y funcionarios. Y el comportamiento de los involucrados en estos delitos, luego cooperar para evitar sus consecuencias, se fomenta mediante la reducción del castigo.

Las sanciones que se deben imponer deben ser significativas, dado el grave riesgo que este comportamiento representa para nuestra convivencia democrática. En ningún caso se redujo de cuatro años de prisión en los casos menos graves, además de las penas por inhabilitación. Sin embargo, la propuesta prevé una reducción significativa de las sanciones en todos los casos en comparación con el presente Reglamento.

Una mayor reducción de la pena requeriría una revisión completa del sistema penal en nuestro código, condenado repetidamente por los expertos por su carácter demasiado estricto. Sería contrario al principio de proporcionalidad proceder con mayores reducciones de las penas por delitos tan severos como los aquí mencionados, mientras continúan las penas más elevadas para muchos otros delitos menores y sin trascendencia para la vigencia de nuestro orden constitucional democrático.

Una propuesta como la aquí descrita representa, en mi opinión, un avance significativo en la modernización de estas figuras criminales clave y merece la atención del legislador español. A la correcta identificación de los objetos de protección, añade técnicas legislativas avanzadas a la hora de identificar el comportamiento que les perjudica. Ambos logros también garantizan un alto nivel de seguridad jurídica.

Por otro lado, la modificación de las penas que propone profundiza el respeto al principio de proporcionalidad dentro del actual sistema penal español, sin permitir que se vea teñido de acciones indirectas u oportunistas.

En cualquier caso, las consecuencias políticas inmediatas, aunque limitadas, de una propuesta como la presentada no se me escapan. Pero la sociedad española en general, y las fuerzas políticas en particular, deben considerar los importantes beneficios de nuestra convivencia que provienen de contar con una moderna, equiparable a la de las democracias más avanzadas y una protección penal impecable frente a comportamientos tan graves contra nuestra ed constitucional democrática.

Muere José Luis Ripoles Es profesor de derecho penal y miembro del Grupo de Investigación de Política Criminal.

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