Poder judicial: tomar la Constitución en serio  Opinión

Poder judicial: tomar la Constitución en serio Opinión

El presidente del PP, Pablo Casado, este viernes en Alhaurín el Grande (Málaga).
El presidente del PP, Pablo Casado, este viernes en Alhaurín el Grande (Málaga).Alex Zea / Europa Press

Al parecer, según fuentes del PP en este diario, se cree en este partido que la renovación de las instituciones no afecta a la gente. Lo que realmente les importa es el precio de la electricidad. Lo cierto es que cuesta creer que a los ciudadanos no les interese violar los mandatos constitucionales, lo que está pasando es que es más fácil oponerse al otro. Porque explicar por qué no están haciendo lo que tienen que hacer los pone en una actitud defensiva, en la que el gobierno siempre está en condiciones normales, como es el caso del actual repunte de la electricidad. Sin embargo, el PP volvió al tema de no continuar con celos resucitados. Tal vez sea porque piensan que ahora que han cambiado su argumento, finalmente han encontrado una racionalización insuperable. Recordemos que la negativa se basó inicialmente en la necesidad de excluir a Podemos de los jueces. Hoy justifican su inacción argumentando que lo hacen en defensa de la independencia del poder judicial.

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El hecho es que visten el manto de la institucionalidad, cuando en realidad persiguen la política de partidos. Por qué esto es así es obvio. En un país como el nuestro, tan marcado por la política judicial, el nombramiento de ciertos jueces -los de la Corte Suprema, por ejemplo- es estratégico. Además, un partido determinado, como el propio PP, tiene causas abiertas. En principio, este no debería ser el caso, pero la experiencia nos dice lo contrario, y las partes lo saben bien, aquí y en otros lugares; recuerde la controversia en los Estados Unidos sobre la elección de los miembros de su Corte Suprema. La cuestión es que restringir la elección de los miembros del CGPJ atribuibles a los tribunales no serviría en principio para asegurar su neutralización política, sino para trasladar las inclinaciones políticas de la mayoría de los jueces al propio Consejo. De ahí el entusiasmo con el que PP tomó esta iniciativa, porque conoce bien la naturaleza de este sesgo. Hay un claro interés político detrás de la propuesta aparentemente neutral.

Se diría que lo mismo sirve para explicar el rechazo del gobierno a la propuesta, pero tiene al menos la ventaja de la legalidad. Y sentido común: ¿qué es lo que la ley no aplicará hasta que se cambie? ¡Y hemos estado en default durante tres años! Termine primero y luego veremos.

Sin embargo, el punto al que quiero llegar va más allá de esta constante guerra de trincheras entre estos dos países. En primer lugar, porque son los que más se jactan del sentido de Estado y del respeto a la Constitución. Ahora la cuestión de la monarquía vuelve a ambos. La reanudación del debate sobre el CGPJ coincidió con el vencimiento de las investigaciones de la Fiscalía de TS para el Rey Emérito. Tendremos que pasar por los siguientes pasos, pero el horno de pan no está, entraremos en lo que sin duda será, junto al desafío catalán, el momento más delicado para las instituciones desde 1978. Si queremos dejarnos guiar por lo que Como hemos visto en el debate anterior, esperamos más enfrentamientos cruzados y posiblemente la protección de las instituciones infectadas por los intereses de los partidos. El consenso del pasado se ha convertido en un grave desacuerdo metodológico.

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