Ley interina: el Congreso estudiará una fórmula para proteger a los trabajadores de las empresas "rescatadas" por la privatización |  Ciencias económicas

Ley interina: el Congreso estudiará una fórmula para proteger a los trabajadores de las empresas «rescatadas» por la privatización | Ciencias económicas

Personal sustituto. Esta es la categoría que Compromís quiere incluir en el Estatuto Básico de la Función Pública (EBEP) para poner fin a los conflictos laborales que implican la subrogación de trabajadores de un servicio salvado de la privatización. Desde julio de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) obliga a las administraciones a incluir a los empleados de un servicio privatizado tras su cancelación, sin tener que pasar por un proceso de selección u oposición. De esta forma, Europa ha obligado a la asimilación de estas personas, sin que la legislación española tenga una categoría que les dé cobertura legal, ya que no son ni funcionarios, ni trabajadores temporales, ni trabajadores. En los servicios ahorrados hasta el momento, estos trabajadores se clasifican como «personal de extinción de incendios permanente no permanente». Sin embargo, esta categoría presupone una imagen fija de la situación del empleado en el momento de su regreso, sin poder cambiar, ni en términos de derechos, salarios o ascensos en el tiempo. Además, estos puestos en la administración eventualmente entran en competencia después de unos años.

La enmienda que Compromís presentó en el Congreso pretende darles una reflexión final, que además allanaría el camino para el regreso de servicios que ahora encuentran un camino distorsionado en su regreso a la ciudadanía. La viceprimera ministra de Valencia, Mónica Ultra, ha dicho en repetidas ocasiones: «Hay una autopista de ocho carriles para la privatización y un camino rural sin asfaltar para dar marcha atrás». Y así vivió los últimos intentos y logros para convertir las zonas sanitarias de la Comunidad Valenciana, incluidos los hospitales, que el PP dejó en manos de operadores privados. Asimismo, el conflicto laboral y el sistema de contratación forzosa de estos trabajadores provocaron tensiones en el gobierno valenciano, formado por el Socialista Tripartito Compromís y Podemos, que destacó entre sus compromisos la devolución a la ciudadanía de algunos de estos servicios privatizados. El PSOE se ha beneficiado de hacer estos llamamientos a través de una empresa pública, fórmula que no implica barreras laborales a medida que los empleados pasan de dirigir una empresa a otra. Sin embargo, Compromís, que logró imponer su fórmula de absorción y gestión directa de la administración, considera que este sistema sigue dejando el servicio en manos de un operador privado y es el que menos establece la cancelación de un servicio privatizado, por lo que se gestiona desde el público.

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La enmienda introducida en el Congreso por el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, se suma a las ya pactadas antes de la aprobación del decreto interino, respaldado en julio por los socialistas, Unidos Podemos, Nueva Canarias, Teruel Existe, el Partido Regional de Cantabria y el propio Comprom. .espera recibir el apoyo de al menos los mismos grupos. «Estos empleados serán respetados por la remuneración habitual que recibían de su empleador anterior», decía el texto el lunes pasado. Efectivamente, esta condición se mantiene, ya que se hace con «personal permanente no permanente que debe ser despedido». La enmienda también establece que con respecto a otras condiciones de trabajo, «se mantendrán a título personal». En todo caso, la administración conservará su facultad de «hacer uso de las facultades para no aplicar convenios y convenios y modificar sustancialmente las condiciones laborales normalmente previstas en la legislación laboral y laboral pública».

“El personal subrogado tendrá derecho a ascenso y podrá estar presente en los procesos de promoción y movilidad que se convoquen o asciendan en relación con puestos de la misma naturaleza en el ámbito de servicio en el que hayan desarrollado su actividad”, añade a modo de conclusión. derecho que no se está considerando actualmente.

Compromís cree que la inclusión de esta nueva categoría de puestos de trabajo solucionaría la falta de seguridad jurídica y los problemas y dificultades que actualmente se derivan de la vuelta de los servicios privatizados anteriores. Sostiene además que esto eliminaría el desajuste en las condiciones de trabajo y que esto no significaría un incumplimiento del límite de crecimiento de personal por tasas de reemplazo, ya que no toman en cuenta las inclusiones si son impuestas por una decisión judicial como es el caso. Uno de los cambios que espera la Generalitat valenciana es el del Servicio de Inspección de Vehículos el 1 de enero de 2023. Según las estimaciones del consejero de Economía Rafael Clement, hacerse cargo de toda la plantilla de las estaciones, la administración puede cobrar hasta 39 millones de euros al año y precios más bajos para los consumidores.

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