Ley federal de remuneración: el gobierno aprueba una nueva ley para que ningún empleado gane más que el presidente

Ley federal de remuneración: el gobierno aprueba una nueva ley para que ningún empleado gane más que el presidente

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el 13 de mayo en Zocala en la Ciudad de México.HENRY ROMERO / Reuters

Una de las obsesiones más antiguas de Andrés Manuel López Obrador finalmente se ha resuelto. Este miércoles, el Diario Oficial de la Federación publicó la nueva ley federal de remuneración del servicio civil, que obliga a todos los funcionarios a percibir un salario inferior al del presidente, fijado en 162.311 pesos brutos mensuales en el presupuesto 2021 de la federación. Esta norma sustituye a la aprobada en noviembre de 2018 por la Honorable Cámara de Diputados, la cual fue declarada nula por la Corte Suprema. Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), así como altos funcionarios del Banco de México y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), podrán mantener por ahora sueldos superiores a los de López Obrador, gracias a juicios interpuestos ante la tribunales.

La idea no es nueva; Esta fue la primera ley de la era de López Obrador que se aprobó cuando ni siquiera era presidente, pero ya controlaba la Cámara de Representantes. Conforme a un nuevo eje de austeridad, la administración pretendía poner límites salariales a la alta burocracia. Morena luego aclaró la ley de 2011 redactada durante el mandato de Felipe Calderón (2006-2012), aprobada por el Senado. Los partidos de la oposición han advertido sobre el enredo judicial, que conducirá a la entrada en vigor de la ley tal como estaba, ya que en los últimos siete años se han creado órganos e institutos autónomos estrechamente especializados que no han sido atendidos.

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En enero de 2019, Cofece ya presentó una polémica a la Corte Suprema de la Nación (SCJN) contra la nueva ley. Le siguieron el INE y el Banco de México. Apenas unos meses después, la SCJN revocó la regla de no considerar parámetros para determinar el salario del presidente, haciéndolo arbitrario, y ordenó al Congreso que corrigiera esta deficiencia. Luego de dos años de estancamiento, el Senado mexicano aprobó la nueva ley el 27 de abril. La regla define el Producto Interno Bruto (PIB) como un punto de partida para determinar la remuneración de los trabajadores públicos. Establece, por un método no aplicado previamente en el país, una fórmula para calcular el llamado salario máximo anual, que corresponde al presidente.

Los legisladores de Morena creen que este criterio «frena la práctica discrecional de asumir que algunos funcionarios tienen percepciones de sus superiores jerárquicos». El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Alejandro Armenta Mier, confirmó cuando se aprobó en el Senado que la ley era fruto del ruido popular: «Ya no hay más funcionarios recibiendo el salario que quieren».

La senadora Anna Lilia Rivera Rivera también cree que la ley favorecerá el ejercicio efectivo de las responsabilidades públicas: «Responde a un país que pide con tanta urgencia el fin de los gobiernos ricos con pobres». Los partidos de oposición estuvieron de acuerdo con las limitaciones de la ley, pero dijeron que la propuesta «no es un marco regulatorio útil, ni brinda certeza o claridad sobre las percepciones del sector público».

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