Lesmes advierte que el bloqueo del poder judicial implica "debilitamiento de la independencia de los jueces" |  España

Lesmes advierte que el bloqueo del poder judicial implica “debilitamiento de la independencia de los jueces” | España

En el Consejo General de la Judicatura (CGPJ), el criterio ampliado es que ya se hayan superado todos los límites razonables para su renovación -en previsión de más de dos años y medio- y con el inicio del nuevo curso se intentará redoblar esfuerzos para que se llegue a un acuerdo entre el gobierno y el PP, principales actores de un acuerdo que no se está implementando. La semana pasada se abrieron ciertas expectativas ante el aparente acercamiento entre el ejecutivo y el popular en algunos temas, como la crisis con la repatriación de menores marroquíes en Ceuta y el Mar Menor en Murcia, pero las relaciones entre ambos países siguen en constante aserradero. dinámica. El PP mantiene una posición de bloqueo institucional, según confirmó este lunes el secretario general del popular Teodoro García Egea.

En el medio del Poder Judicial, en cualquier caso, existe un consenso para que el presidente del Consejo y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, intente utilizar todos los corchetes entre el gobierno y el PP para impulsar la renovación del órgano de gobierno de jueces. Lesmes prepara desde hace varias semanas el discurso del acto inaugural del Año del Juicio, que tendrá lugar el próximo lunes, día 6, presidido por el Rey. Según estas fuentes, su intervención se centrará en el valor de la independencia del poder judicial en una sociedad democrática. En este sentido, destacará que la falta de renovación del Consejo implica un “debilitamiento de la independencia judicial”.

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En un discurso pronunciado hace un año sobre el acto de apertura de la corte anterior, Lesmes describió el bloqueo al rey como una “anomalía grave”. Durante todo este período del Consejo de la Judicatura no se consideró la posibilidad de disolución del cuerpo mediante la renuncia de sus miembros, ni tampoco se hizo una declaración pública de su presidente al líder del PP, partido que mantiene la posición de bloqueo. Lesmes optó por actuar con discreción y habló varias veces con Pablo Casado para intentar desbloquear la situación.

Se sabe en la guía judicial que Lesmes volvió a contactar con el líder del PP hace unas semanas cuando EL PAÍS avanzó para buscar la máxima cooperación posible en la búsqueda de un acuerdo. El Ayuntamiento evita establecer cuotas de responsabilidad por no renovación, pero es consciente de que flexibilizar las demandas del PP ayudaría a lograr el pacto. En este sentido, el criterio imperante entre los miembros es que es aceptable la solicitud de Casado de que los propios jueces -y no los tribunales- elijan a sus representantes ante el CGPJ, siempre que los populares acepten que la reforma se está llevando a cabo. Casos de emergencia; es decir, no necesariamente para esta renovación, sino para la siguiente.

El presidente de la Corte Suprema enfatizará que es el órgano de gobierno de los jueces el que debe garantizar la garantía de independencia. El discurso, familiar en sus líneas generales por los miembros del Consejo, apoya la tesis de que el debilitamiento de este órgano constitucional daña el sistema en su conjunto. Según Lesmes, según fuentes cercanas a esos miembros, el Consejo de la Judicatura debería renovarse y recuperar “plenos poderes” lo antes posible, en particular para realizar los próximos nombramientos en puestos clave del poder judicial. La conclusión del discurso es que mantener la situación actual y seguir debilitando al Consejo no es la mejor manera de garantizar la independencia del poder judicial.

La principal atribución que ha perdido el Consejo por el pulso debido a su persistencia en el cargo es la del nombramiento, restricción introducida en la ley por iniciativa del gobierno, y que en los próximos meses podría ocasionar graves problemas para asegurar la el buen funcionamiento de algunos órganos judiciales, comenzando por el Tribunal Supremo. De no renovarse, el CGPJ cerrará este año con al menos 46 vacantes, incluidos nueve cargos de magistrado en la Corte Suprema -por jubilación o fallecimiento- y seis presidencias de Cortes Supremos.

Fuentes conciliares explican que en sus palabras de apertura durante el año judicial, Lesmes evitaría utilizar un enfoque catastrófico, pero enfatizaría las incertidumbres y distorsiones derivadas de la absoluta exclusividad que presupone un período tan largo de funcionamiento interino de la institución. Hay ciertas expectativas en estos medios de que esta vez el mensaje pueda abrirse camino, y la esperanza se alienta en un acuerdo cada vez que se inicia un período de tregua en la tensión entre el gobierno y el principal partido de oposición. La ministra de Justicia, Pilar Lop, pidió este lunes al PP que negocie “sin extorsión” y con “sentido de estatus” la remodelación de órganos. Exactamente ayer, han transcurrido 1.000 días desde la expiración del mandato del órgano de gobierno de jueces, en el cargo de 4 de diciembre de 2018. El secretario general del popular Teodoro García Egea insistió en que si y el PSOE habían acordado hasta ahora – “El Consejo es muy difícil de renovar”.

Los de dentro y fuera del Consejo siguen pensando que el PP mantendrá su decisión de no apoyar la renovación del poder judicial, destacando que el liderazgo popular sigue considerando conveniente mantener la mayoría conservadora existente tanto en el órgano de gobierno de los jueces como en otras instituciones del ámbito jurídico. Se cita así que esta mayoría prevalece, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional o en el Tribunal de Cuentas, con mandatos también caducados en previsión de que la piedra angular de este arco del que forman parte, el del Poder Judicial, se haya desbloqueado en para dar paso a un acuerdo global o en cadena.

Para los más pesimistas sobre las perspectivas del acuerdo, la tentación del PP puede ser ahora ampliar el bloqueo para llegar a la misma situación en julio de 2022 e impedir que el Gobierno nombre a los dos magistrados que le corresponderían. luego en el Constitucional. Para el pueblo, este nombramiento sería inconstitucional, ya que la Constitución establece que el tribunal de garantía se renueva cada cuatro años por un tercero. La tesis es que si el Consejo de la Judicatura sigue funcionando -por lo que no podría nombrar a los dos magistrados que también le corresponden en este orden- tampoco podría hacerlo el gobierno, como mandato de los magistrados relevadores con terceros.

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