Las tensiones territoriales abren nuevos frentes para el gobierno  España

Las tensiones territoriales abren nuevos frentes para el gobierno España

Ahora bien, estas no son solo demandas nacionalistas, aunque todavía están en la vanguardia. Al frenético cóctel de conflictos territoriales de España se han sumado nuevos ingredientes: la voz de zonas despobladas donde crecen los movimientos sociales en varias provincias, o el papel de Madrid como espada contra el gobierno y el tiempo objetivo para que otras comunidades actúen contra sus políticas fiscales. En este clima, el gobierno tiene una agenda completa al final del verano, desde las negociaciones con Cataluña, la distribución de fondos europeos o su compromiso de abordar de una vez por todas el campo minado de la financiación autonómica. Y con el PP, metido en las urnas y con ganas de empujar la esquina del ejecutivo.

Lo dicen públicamente y lo repiten en privado los barones regionales del PSOE y del PP: las Comunidades Autónomas han afrontado el monumental desafío de la pandemia. Si bien no faltan los reproches mutuos, casi siempre culpamos al otro por los problemas que han surgido, hay un sentimiento común en los dos principales partidos de que las comunidades han cumplido, como muestra la campaña de vacunación. Pero una cosa es que funcione el Estado de Autonomía y otra es que el combustible deje de ser un conflicto. Esto ha sucedido tantas veces y lo que está por venir predice que volverá a suceder.

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El gobierno está muy satisfecho con la primera comisión bilateral con Cataluña, que salió a desbloquear la ampliación del aeropuerto de El Prat. El deseo del Ejecutivo, comentó el ministro, sería reorientar la cuestión catalana en términos más parecidos a los del antiguo pragmatismo de Puyolist, en el que las exigencias económicas y de inversión primaban sobre las grandes reivindicaciones de identidad. “Por primera vez en mucho tiempo pudimos hablar con la Generalitat de pasos concretos”, apuntan fuentes del Ministerio de Política Territorial. La parte mala para el gobierno se puede ver en las reacciones al acuerdo con Cataluña. El coro de denuncias esta vez no vino solo de las comunidades del PP, que presentaron todas sus reclamaciones pendientes. También se han sumado las voces de la España vacía, introduciendo un nuevo elemento, ya que ya no se trata de disputas entre comunidades, sino entre zonas rurales y urbanas.

“Qué hay de Cataluña, tenemos que aceptarlo”, admite un barón socialista. “Pero no podemos evitarlo. Debemos aprovechar esta oportunidad para reorientar el conflicto “. La política del gobierno regional, según este líder, enfrenta otra dificultad: “El centralismo se ha consolidado no solo en la política. También entre las élites económicas y en los medios de comunicación. Y destaca la actitud de la militancia constante del gobierno de Madrid.

El ejecutivo es consciente de que los factores estresantes se juntan, pero sostiene que la oposición los alimenta artificialmente. “Se han llegado a muchos acuerdos desenfocados”, señalaron fuentes de Política Territorial. “Pero a veces las cosas se dicen en privado y otras en público. La foto del enfrentamiento vende más que la que está sentada en una mesa. Estas fuentes niegan que Cataluña sea tratada de manera diferente. Las protestas por negociaciones bilaterales con la Generalitat destacan cuando hay varias comunidades que tienen mecanismos similares en sus estatutos y no quieren ponerlos en práctica. Entre ellos, Andalucía, con el gobierno del PP. También recuerdan que no solo se pretende ampliar el Aeropuerto de El Prat, sino también el Aeropuerto de Barajas e inversiones similares (1.600 millones en Madrid, otros 100 en Barcelona).

Los socialistas se arriesgan al conflicto porque ven a las comunidades del PP condicionadas por la estrategia del partido de no dar tregua al gobierno. Entre los barones populares más moderados, no niegan en privado la extrema militancia de Madrid, pero acusan al gobierno de cometer un error en su respuesta. Y hacen sus propias quejas. “Nos apelaron la ley sin siquiera llamarnos, y esto fue luego aprobado por la Corte Constitucional”, dijo un destacado líder regional. PP también argumenta que la dependencia del gobierno de la ERC es un elemento constante de desconfianza.

Las comunidades del PP ya están afilando sus armas cuando llega la distribución de fondos europeos. Aunque el Gobierno se ha comprometido a ceder a las autonomías el control del 55% de los 19.000 millones destinados para este año, los dirigentes del PP quieren más voz en el proceso. “Si nos dan el 55% de los fondos, también queremos el 55% de la gestión conjunta”, dijo la Junta de Andalucía. Según el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Manyueco, también del PP, el gobierno está utilizando el dinero de la comunidad “para fines políticos o para facilitar acuerdos parlamentarios”. Otro barón regional es fuerte: “Si no cambian el sistema, habrá un gran lío. Cada ministerio tiene un criterio diferente y el de la industria, por ejemplo, nos convierte en agencias. Ellos deciden qué y cómo se gastan, y nosotros nos limitamos a su implementación. La política territorial apela al 55% brindado por la protección que las comunidades están muy involucradas en el proceso. Fuentes del ministerio enfatizan que el propósito de los fondos es seleccionar proyectos específicos sin entrar en criterios territoriales.

El gobierno también se comprometió a iniciar conversaciones en noviembre sobre un tema retrasado que nunca satisfizo a todos: la reforma del sistema de financiamiento regional. El Ministerio de Hacienda pondrá sobre la mesa de antemano el informe de una comisión de expertos que aún no se ha completado. Pero la toma de posiciones también ha comenzado. Y puede haber alianzas que traspasen las fronteras de los partidos.

El presidente de Andalucía, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, y el socialista valenciano Ximo Puig se reunirán en septiembre para presentar unas reivindicaciones comunes. Ambos abogan por dar prioridad a la población cuando la España vacía tira exactamente en la otra dirección. Ambos utilizan los informes que los ponen en la cola de quienes reciben menos dinero per cápita. Al mismo tiempo, los criterios a los que apelan comunidades del PP como Galicia o Castilla y León -envejecimiento, despoblación, dispersión- pueden acercarlas a otras en manos del PSOE como Extremadura o Castilla-La Mancha. Cataluña también entra en la ecuación, lo que pone al gobierno en un terreno muy resbaladizo.

Las comunidades del PP se han comprometido a recortar impuestos y advierten que lucharán duro contra cualquier intento de armonización fiscal que dificulte esta medida. No solo en Madrid. El gallego Alberto Nunes Feyoo está fuertemente en contra. Y Andalucía envió hace unos días una carta al fisco con un contundente anuncio de que respondería a cualquier intento de “neutralizar su autonomía financiera”.

La España vacía no baja la voz

En medio de estos cálculos políticos, llegaron los votos de los ciudadanos. Son los andenes de la España vacía, desde Teruel Existe hasta Soria ¡Ya! O los movimientos en defensa del tren en marcha, como el que unió a derecha e izquierda en Cuenca hace unos días, o el que lucha por la línea Bilbao-Santander. También han llegado voces críticas con la expansión de los aeropuertos de Madrid y Barcelona.

Thomas Guitarte, diputado de Teruel Existe, rechaza la priorización de estas inversiones en detrimento de las “comunicaciones internas”. Juan Antonio Palomar, portavoz de la muy activa Soria ¡Ya!, Se quejó: “El gobierno es sensible a la despoblación, pero estamos volviendo a la normalidad, todo sigue igual”.

“Hay un desacuerdo entre las palabras y los hechos”, coincide el presidente cántabro, Miguel Ángel Revila, un regionalista del que se habla mucho como despoblación, pero que al final la inversión se “concentra en las grandes urbes”. Revilla dice que no está en contra de expandir los aeropuertos, siempre, dice, “que hacen cosas frente a nosotros”.

Pedro Sánchez felicita al presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en Moncloa el 29 de junio.Andrea Comas

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