Las protestas de agricultores marcan la agenda electoral europea | Internacional

El paso de un millar de camiones por las calles de Bruselas rumbo a las instituciones europeas el pasado jueves hizo temblar muchas ventanas. Y a más de un político. Dentro y fuera de la capital comunitaria. A cuatro meses de las elecciones europeas de junio, que servirán también en muchos países como barómetro político nacional, el malestar del campo, que están tratando de capitalizar sin disimulo las fuerzas más ultras de toda Europa, ha empezado a marcar una agenda electoral en la que la amenaza de un refuerzo de la extrema derecha euroescéptica y negacionista climática asoma más que nunca.

El nerviosismo es patente, como se ha visto en las recientes concesiones rápidas de la Comisión Europea a los agricultores: no se habían retirado aún los tractores de la capital belga cuando el Ejecutivo europeo, presidido por la conservadora alemana Ursula von der Leyen, que todavía debe revelar si aspirará a un nuevo mandato, había accedido ya derogar un año más la exigencia de dejar un porcentaje mínimo de barbecho cada año y prometía que este mismo mes presentará un plan para reducir la “carga administrativa” de los agricultores.

Hay motivos para que Bruselas se inquiete. Un reciente estudio del European Council of Foreign Relations (ECFR) viene a confirmar lo que diversas proyecciones advierten desde finales del año pasado: en los comicios al Parlamento Europeo de junio, el giro a la derecha en muchos países llevará a una pérdida de escaños del centro y la izquierda. De acuerdo con el estudio, los populistas antieuropeos podrían liderar las votaciones hasta en nueve países, entre ellos Francia, Bélgica, Italia o Países Bajos, mientras que se situarían en segundo o tercer lugar en otros nueve de los 27 Estados miembros, entre ellos en España y Portugal.

De ratificarse estos pronósticos, la nueva configuración de la Eurocámara en julio podría poner en riesgo algunas de las políticas europeas garantizadas hasta ahora por la tradicional alianza de los socialdemócratas de S&D, los liberales de Renew y los conservadores del Partido Popular Europeo (PPE). Una de las primeras víctimas sería, advierten todas las encuestas, la política medioambiental, que tomó gran impulso durante este mandato con el ambicioso Pacto Verde europeo, convertido en uno de los anatemas para las fuerzas ultras y euroescépticas.

Tanto S&D como Renew aseguran seguir apostando por él. “No es incompatible la defensa de un sector estratégico para la UE, como es la agricultura, con la defensa del medio ambiente”, sostiene la presidenta de S&D, la española Iratxe García, en declaraciones a EL PAÍS. Para la flamante presidenta de Renew, Valérie Hayer, “los agricultores conocen perfectamente la utilidad de Europa. No reclaman un Exit, sino que les hagamos la vida más fácil y que los apoyemos”, afirma esta hija, hermana y nieta de agricultores.

Pero a nadie se le escapa que la protesta del campo le ha venido como agua de mayo a las fuerzas más populistas. Viktor Orbán tenía problemas de sobra tras quedarse absolutamente solo con su amenaza de veto a la ayuda de Ucrania, que obligó a reunirse de forma extraordinaria a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE el jueves. Pese a ello, el primer ministro húngaro no dudó en salir a pasear entre los tractores aparcados a las puertas del Parlamento Europeo para proclamar que él escucha “la voz del pueblo”. Un think tank húngaro próximo a su Gobierno ha servido de base para los diversos grupos de agricultores y ganaderos que vinieron a protestar a Bruselas antes de la gran manifestación de la semana pasada. Mientras, grupos como Vox se apresuraron a plantarse —como ya lo habían hecho en ocasiones anteriores— en el centro de la protesta y hacer suyos, como lo hacen también algunos del PPE, los reclamos de los agricultores.

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“Desde hace tiempo hay una pugna entre la extrema derecha y la derecha para intentar instrumentalizar el espacio del mundo agrícola con fines electorales de una forma totalmente irresponsable, haciendo además un flaco favor al sector”, denuncia García, que agrega: “Estaría bien recordar que la última reforma de la PAC [política agrícola común] que ha comenzado este año a aplicarse fue aprobada por todos los ejecutivos nacionales, de todos los colores políticos, incluido el húngaro, por lo que criticar ahora las medidas adoptadas no tiene sentido por parte de estos gobiernos”.

“La característica de la extrema derecha, y de los populistas en sentido amplio, es que planean sobre los problemas de la gente explicando que, como por azar, son también sus preocupaciones y que tienen la solución para todo. Es un populismo que no aporta ninguna solución duradera a la gente”, critica también Hayer.

Pero el malestar del campo también está provocando una reflexión profunda entre los defensores de las políticas medioambientales de Bruselas. No se trata de renegar de ellas, ni siquiera declarar una “pausa” legislativa, como han llegado a pedir el presidente francés, Emmanuel Macron, o el primer ministro belga, Alexander De Croo, en cuyo país las elecciones generales se celebrarán al mismo tiempo que las europeas.

“El Pacto Verde es importante para nuestra sociedad, pero sobre todo es importante para la gente de ingresos bajos, para los más vulnerables de nuestra sociedad”, incluidos los agricultores, subraya la eurodiputada socialdemócrata belga Katherine Van Brempt, que lleva 15 años en la Eurocámara luchando por una transición verde. Pero es algo, admite, que quizás no han “sabido explicar bien”.

Urge buscar, coinciden diversos eurodiputados, la manera de asegurarse de que la carga de la transición hacia una agricultura más sostenible no recaiga solo en los agricultores.

“Tenemos que cambiar nuestra teoría del cambio”, reconoció a periodistas el eurodiputado de Renew Pascal Canfin, presidente de la comisión parlamentaria de Medio Ambiente. “Deberíamos pasar de una serie de regulaciones solo para los agricultores a un paquete que apunte a toda la cadena de valores del sector agroalimentario”, señaló. El socialdemócrata neerlandés Mohammed Chahim, que de joven trabajó en una granja, también cree que ese es el camino adecuado. “¿Cuál es el margen de beneficio de un kilo de patatas para un agricultor? ¿Dónde se queda el dinero? ¿En el transporte, en los intermediarios, en los usuarios finales? Creo que el futuro de la agricultura debería ser sostenible y necesitamos más agricultores en Europa, pero tenemos que asegurarnos de que las condiciones del mercado son justas para ellos”, reconoce. Pero esto, advierte Canfin, requerirá de un esfuerzo no solo de Bruselas, que debería acelerar una regulación sobre la materia, sino de toda la sociedad. Algo que no está tampoco claro que se dé, sobre todo en tiempos inflacionarios como los actuales.

“¿Deberíamos pagar un poco más por comida sostenible local hecha en Europa? La respuesta es sí. ¿Puede todo el mundo pagar ese coste extra? La respuesta es no. No necesitamos que todo el mundo acepte pagar este coste extra, pero sí una parte de la sociedad. Es una decisión democrática. Si nadie quiere pagar por algo, entonces nunca pasará. Pero entonces nunca lograremos reducir las emisiones de CO₂. Nunca tendremos una agroindustria y agricultores próspera en Europa y seguiremos importando comida barata. Y volveremos a tener manifestaciones en las calles”, advierte.

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