La misión más inmediata se centra en el precio de la electricidad.  Negocio

La misión más inmediata se centra en el precio de la electricidad. Negocio

La primera vicepresidenta del gobierno, Nadia Calvinho, junto con la tercera vicepresidenta Teresa Ribera, presentaron a Marco Bonos Verdes la semana pasada en Madrid.EFE

Encontrar la solución para controlar la salida de energía eléctrica, llegar a un acuerdo sobre un salario mínimo interprofesional (SMI) que satisfaga a todos (administración, empresarios y sindicatos) y lograr la configuración de centro Potentes billetes de avión en el aeropuerto de Madrid-Barajas (algo que no es baladí por su importancia para la economía española y donde España va a estar a la vanguardia del sector en Europa, sobre todo tras el fracaso de la ampliación de El Prat) Son misiones que se presentan al gobierno en este curso sobre temas económicos. Pero dejando el resto de cuestiones para otros casos, la constante escalada de luz es la más focalizada en el momento de la profesión (y la preocupación) del ejecutivo.

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El propio presidente comenzó a desempeñar funciones en una entrevista que concedió a EL PAÍS, en la que no tuvo prisa por garantizar que para fin de año se pagará lo mismo que en 2018 (con inflación, claro) por la electricidad. factura de un consumidor típico. El compromiso de Pedro sanchez, junto con los precios récord de la energía en el mercado mayorista esta semana (no parece que sean los últimos) obligados a acelerar con urgencia la búsqueda de soluciones que se esperan para el martes.

Según expertos del sector consultado, la orden del presidente está bien fundada, pero hasta que se tomen medidas para reducir el MWh futuro esperado en 33 euros para el cuarto trimestre (la facturación de clientes en 2018 es de 568 euros, que aplicó el IPC. Pone 589 euros , y la previsión para 2021 es de 622 euros). Sin hacer nada sobre la situación actual (reducción de IVA e impuesto a la generación para fin de año), mantendría esto brecha desde 33 euros al año. Para salvarlo, que son unos 2.000 millones, podrían manejar el conjunto de medidas sobre la mesa.

Es decir, para llegar hay que rebajar más impuestos y algunos de los costes regulados que aparecen en la factura: rebajar el impuesto a la electricidad en un 5,11%, que asciende a 350 millones para el resto del año. A ello se suma un ajuste a las primas por energías renovables (alrededor de 400 millones), para destinar más ingresos de licitaciones con CO₂ (al menos otros 1200 millones) y el superávit esperado para este año (otros 400 millones), así como como anticipo a la entrada en vigor en octubre del proyecto de ley sobre la distribución de los beneficios de los costos del CO₂ entre los consumidores.

La rebaja del IVA del 21% al 10% ya está en vigor a finales de año y la posibilidad de reducirlo al 4% no es muy popular entre los técnicos del Ministerio de Hacienda por la rebaja que conlleva. La reducción del 21% al 10% significa pasar de 2000 a 1000 millones en el semestre, por lo que un nuevo fragmento sería 300 millones más en el último trimestre que en 2019. Lo que parece más factible es ampliar la reducción del IVA después del 31 de diciembre con decisiones trimestrales, aunque nunca definitivas.

Otros están en la bolsa mixta, incluida la abolición de algunas tarifas reguladas (costes extrapeninsulares o compensación del déficit de tarifa), lo que sin duda obligaría a cargarlo a los presupuestos.

Por otro lado, la creación de un stock mínimo vital ya está avanzada, lo que permite la provisión de insumos a los hogares vulnerables. De igual forma, busca incentivar a las comunidades y consumidores de autoconsumo y acuerdos bilaterales para sacarlos del mercado mayorista (piscina). La idea es sacar de esta servidumbre, lo que obliga a que el precio sea el de las últimas tecnologías ofrecidas y permitir que esto, al no estar en este mercado, el precio es más económico.

Como todo está sucediendo para acelerar la transición energética y seguir impulsando las energías renovables, el 19 de octubre fijó una nueva licitación por 3.300 MW, con la particularidad de que 600 de ellos se destinarán a pequeñas inversiones.

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La presión sobre el gobierno va en aumento. Las empresas, por su parte, están bastante contentas con las medidas reducidas. Los sindicatos y las organizaciones de consumidores, que no descartan una “amplia respuesta social”, proponen cambiar el sistema de precios a “injusto y anticuado”. Y PP, que cargó el marco legal y estable del sector en el momento de Aznar, quiere conseguir un pedazo. Presentó un proyecto de ley en el que quiere reducir el impuesto a la producción, establecido por el gobierno de Mariano Rajoy. Y el Banco de España ha decidido organizar un seminario con expertos para abordar el tema y así poder presentar ideas contundentes al ejecutivo para salvar algo que afecte a la recuperación.

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