La investigación de contrabando más larga de España  España

La investigación de contrabando más larga de España España

Jose Ramon Baral, Nene, durante el juicio por fraude fiscal de 2016OSCAR CORRAL

El 14 de mayo de 2001, el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) ganó el codiciado trofeo en la larga batalla contra el contrabando de tabaco en Galicia durante dos décadas. La detención del entonces alcalde José Ramón Baral Martínez, Miel, por un efectivo de casi medio millón de paquetes falsificados en China y enviado al sultán de Omán, comprobó las presuntas conexiones políticas en este negocio del narcotráfico y la caída del gobernante del PP más influyente en la era de Manuel Fraga en la provincia de Pontevedra, que hasta entonces parecía intocable.

Pero 20 años después, el escollo de Baral, que le obligó a dimitir de la alcaldía de Ribadumia (Pontevedra), renovada en 1989 por mayoría absoluta, propició un viaje sobre el caso hasta el punto en que se convirtió en la mayor parte del viejo contrabando. proceso en España y aún no hay fecha para el caso. Esta anomalía procesal dejó a cuatro personas fallecidas, entre ellas dos guardias civiles y un funcionario de aduanas, y el caso, que se ha evaporado con el tiempo, de 43 a 11 imputados.

El ex político de 78 años enfrenta una pena de prisión de 10 años y medio y una multa de 15 millones de euros por presuntos delitos como el contrabando, el soborno y la asociación ilegal, aunque siempre ha sostenido que sus actividades eran legales cuando descubrió la mercancía incautada en Vigo, en tránsito hacia el Reino Unido.

Ahora el último intento de la Fiscalía por llegar a un juicio con mínimas expectativas es llegar a un acuerdo de acuerdo con los imputados, lo que significaría reconocer el crimen, pero el fiscal general Juan Carlos Aladro ha admitido que hasta el momento no se ha llegado. Baral lo rechazó, al igual que su hermano Feliciano y otros involucrados. Si el caso sigue vivo a los efectos de la prescripción, es por los delitos de cohecho relacionados y por lo tanto se prevé lograr la cooperación en condiciones extremas con guardias civiles o aduaneros, dispuestos a acordar una pena mínima.

Además, en la necrológica del caso Barral, la Fiscalía de Pontevedra ya no podrá contar con el testigo principal y coordinador de la investigación Lino Alonso, el responsable de los operativos especiales de la SVA y el más alto funcionario de aduanas en las investigaciones de contrabando de Galicia.

Los retrasos en este juicio en un juzgado de Vilagarcía de Arusa se debieron principalmente a obstáculos en la investigación de las cuentas de los principales acusados ​​en Suiza. En 2012, las últimas cartas de garantía enviadas a la parte suiza parecían haberse completado cuando los funcionarios de aduanas españoles interrogaron a Denis Beuret Hugunin, presunto director financiero de Nene Baral en el extranjero, en Lausana, pero no fue así.

A medida que el resumen crecía con reclamos de información de la corte y la negativa de Suiza, se abrieron otros frentes contra Baral y sus tres hijas por delitos fiscales y lavado de dinero por narcotráfico. Por ocultar al Ministerio de Hacienda los ingresos que recibió de sus empresas eólicas y acuícolas en China y Chile en 2006 y 2007, el exalcalde pagó una multa de un millón de euros para liberar a su familia del caso. Sin embargo, Nene sigue siendo acusado de Operation Zebra por dirigir una supuesta red de empresas y empleados en Macao, Bahamas y Luxemburgo, y empleados bancarios de Andorra, Suiza y Portugal.

El nombre de Baral siempre ha estado asociado a su mentor y socio, el empresario Vicente Otero, Territorio, Amigo personal de Fraga y apoyo incondicional en todas sus campañas en la desembocadura del Arusa, donde el PP fue demoledor. Ambos aparecieron en todos los informes policiales realizados durante la época dorada del contrabando de quienes salieron ilesos, incluido el que provocó el ataque de diciembre de 1983 que destruyó las tres principales organizaciones.

Una leyenda viviente del contrabando

El exalcalde fue la penúltima leyenda viviente del contrabando en 2001, quien, según las investigaciones de la SVA, seguía activo y, junto a otra figura histórica en el transporte ilegal de tabaco estadounidense, Marcial Dorado, el último en caer. Fue arrestado en 2003 y sus conexiones con personas vinculadas al PP lo ubicaron a mediados de la década de 1990 entre los amigos del que eventualmente se convirtió en presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feyoo.

Los fiscales también están sentados en el banquillo del hermano menor de Nene, Feliciano Baral, ex presidente local del PP hasta su arresto, y lo hacen sospechoso. número dos de la organización. Solicita una pena de tres años por contrabando, tanto por asociación ilegal como una multa idéntica a la de su presunto jefe en el negocio del tabaco.

También se encuentran procesados ​​dos empleados del Servicio de Supervisión Aduanera, para lo cual el fiscal pide hasta cuatro años y medio de prisión por revelar secretos y pertenecer a una organización criminal, así como seguridad civil, para lo cual la pena solicitada es de tres años. y nueve meses.

El fiscal dice que José Ramón Baral contaba con una poderosa infraestructura para la introducción de mercancías ilícitas y que este envío, en el que está involucrado, es otro en su intensa actividad como productor de tabaco. Nene había abandonado los viejos métodos de contrabando y su mercado ya no estaba en España sino en Reino Unido. La acusación dice que estructuró una organización compleja con dos sistemas de transporte: contenedores y otro realizado por mar, con barcos como el Mar del Norte utilizando los puertos de Cork (Irlanda) y Rotterdam (Países Bajos), y también contratando una flota de camiones.

Los paquetes, que fueron falsificados en China, se enviaron luego al Sultanato de Omán, donde se simuló su origen en Senegal, y luego llegaron a la península para ser enviados a Gran Bretaña. Uno de estos envíos de medio millón de paquetes de la marca Magnum se mezcló en Vigo, destinado al mercado británico.

Lejos de la presión mediática, Baral sigue negando categóricamente su implicación en el contrabando y siempre ha declarado que es un mero intermediario legal. “Este caso es una prueba para la familia Baral y solo quieren que esta espera termine lo antes posible”, dijeron a EL PAÍS fuentes cercanas al exalcalde.

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