La duración de la crisis pandémica desencadena las prohibiciones  Ciencias económicas

La duración de la crisis pandémica desencadena las prohibiciones Ciencias económicas

Los procedimientos para hacer cumplir las ejecuciones hipotecarias en el hogar van en aumento. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las prohibiciones aumentaron un 253,2% entre abril y junio respecto al mismo trimestre del año pasado. Un total de 3.243 viviendas ordinarias (residencia principal) fueron solicitadas por impago del préstamo durante este período. Este espectacular incremento se explica por el estado de alarma emitido por el gobierno el 14 de marzo de 2020, que derivó en una severa restricción que afectó a todos los trabajadores excepto a los destinados a servicios básicos. La detención supuso la paralización de centenares de procesos en los registros patrimoniales y judiciales, pero eso no impidió que el volumen de ejecuciones aumentara por primera vez desde 2014. Es incluso superior al registrado en el mismo período antes de la pandemia. Fuentes judiciales también ven detrás de estas cifras el deterioro de la economía familiar por la pandemia, aunque las cifras están a años luz de las alcanzadas durante la Gran Recesión, gracias a escudo social aprobado por el gobierno.

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Tras una larga pausa provocada por la pandemia, el regreso de la actividad económica y administrativa implica la reanudación de los procesos de ejecución hipotecaria. El INE señala en su comunicado que el 17 de marzo de 2020, el gobierno aprobó un decreto sobre medidas de emergencia que permiten moratorias al pago de deudas, flexibilización de plazos o préstamos otorgados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). A pesar de esta etapa de la conversación escudo social, las ejecuciones comenzaron de nuevo. Los 3.242 trámites abiertos entre abril y junio no solo superan los 918 del mismo período de 2020, sino también los 1.407 del año anterior. Al semestre del primer semestre de 2019 se llevaron a cabo 2.933 ejecuciones, mientras que a junio de 2021 fueron 6.450, es decir, se han duplicado y superan efectivamente el volumen total experimentado en 2019 (5.361).

Como recuerda el INE, no todas las ejecuciones terminan en desalojos, aunque suelen ser el primer paso en la pérdida de la vivienda. Se trata en realidad de un reclamo patrimonial tras un impago de entre 12 y 15 mensualidades o entre el 3% y el 7% del capital, según sentencia de la Corte Suprema de 2019. Sin embargo, estas estadísticas son un termómetro de las dificultades económicas, que las familias deben conocer al momento de liquidar sus hipotecas. Ignasi Vives, abogado de Sanahuja Miranda, explicó que los datos podrían ser un “indicador” de un aumento futuro de los desalojos, a pesar de que ahora se encuentran paralizados “si se han acreditado condiciones especiales de vulnerabilidad como consecuencia del COVID-19”. “Lamentablemente, esto indica que va a empeorar”, se quejó, con una moratoria vigente hasta fines de este mes, aunque el Congreso aplazará el pleno hasta el lunes, que debe confirmar su prórroga hasta el 31 de octubre.

Fuentes judiciales aconsejaron explicar que el aumento responde a la tramitación de un paquete de reclamaciones, que se encuentra estancado por las demoras provocadas por el COVID-19, pero también refleja la mala situación económica por la que empezaron a atravesar algunas familias a inicios del año. pandemia. “Es una mezcla. Ahora la pandemia se ha reducido, pero no sus consecuencias. Muchas actividades todavía se ven gravemente afectadas, desde el turismo hasta la vida nocturna. Y muchos trabajadores de ERTE ”, explica Vives.

Sin embargo, las cifras también muestran que por ahora escudo social obras. “Hay una gran diferencia en lo que sucedió en la crisis anterior gracias a medidas como ERTE o moratorias, a pesar de que no hemos vivido una crisis como la de 2020 durante la paz de 1868”, dijo Gonzalo Bernardos, profesor de Universidad de Barcelona. Según el Consejo General de la Judicatura, en 2008 y 2009 se produjeron más de 90.000 ejecuciones hipotecarias cada año, frente a las cerca de 20.000 del año pasado. La serie INE comenzó más tarde, en 2014. Ese mismo año, el primero de crecimiento después de la larga crisis de 2008 , hubo alrededor de 12.000 prohibiciones trimestrales. La Asociación de Consumidores de Adicae pidió el martes una moratoria de dos años sobre las ejecuciones y los desalojos y pidió a las instituciones financieras que no se aprovechen de las “vulnerabilidades” de sus clientes.

Casi la mitad de las hipotecas se firman en la parte superior de la burbuja.

El 70% de las ejecuciones domésticas corresponden a domicilios donde viven familias particulares, mientras que el resto está en manos de empresas privadas. La morosidad de las empresas también aumentó: un 24,2% respecto al trimestre anterior y un 5,9% respecto al mismo periodo de 2020. La tendencia es mucho más clara en el caso de los particulares, ya que el rendimiento aumenta solo trimestralmente después del primer trimestre. En la alarma. Las ejecuciones de las denominadas “otras viviendas” también se han triplicado, abarcando principalmente una segunda vivienda. Los datos, por su parte, no incluyen las reubicaciones a viviendas de alquiler, que los actores sociales condenan por seguir siendo de mayor escala.

El INE sigue reflejando los efectos de la burbuja inmobiliaria que vivió España en 2000. Más concretamente, el 45,9% de las ejecuciones hipotecarias que se iniciaron en el segundo trimestre corresponden al período comprendido entre 2005 y 2008, cuando los precios de la vivienda tocaron techo. “Por primera vez desde que comenzó la serie, representan menos de la mitad”, dijo Ferran Font, director de investigación de piso.com, quien cree que las prohibiciones están volviendo a niveles prepandémicos. Sin embargo, en comunidades como Andalucía o Cataluña, la cuota de viviendas compradas durante estos años sigue siendo superior al 50%. Bajo autonomía, Andalucía (1349), la Comunidad Valenciana (1191) y Cataluña (1175) fueron las comunidades en las que hubo más prohibiciones.

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