La Corte Penal Internacional autoriza una investigación sobre la guerra contra las drogas en Filipinas  Internacional

La Corte Penal Internacional autoriza una investigación sobre la guerra contra las drogas en Filipinas Internacional

La Corte Penal Internacional (CPI) ha autorizado el inicio de una investigación este miércoles sobre posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Filipinas en la llamada guerra contra las drogas librada por el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Los jueces creen que con los datos proporcionados hasta el momento por la Fiscalía, esta campaña contra el narcotráfico es un ataque sistemático a la población civil. Filipinas abandonó la CPI hace dos años y solo se investigará el período en el que todavía era un estado miembro: entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, las autoridades filipinas situaron “alrededor de 7.000” muertes en redadas policiales.

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Duterte cree que la CPI está tratando de violar la soberanía nacional de su país, así como la presunción de inocencia, y prometió continuar la lucha contra las drogas en julio pasado. Así fue durante un discurso sobre el estado de la nación, donde también aseguró que esta batalla “ha reducido la delincuencia y ha favorecido la paz y el orden”. Él, a su vez, chocó con la justicia internacional, recordando “el amor de mi país” y la voluntad de “acabar con quienes están destruyendo mi juventud y mi país”.

Un mes antes, un informe de Amnistía Internacional pedía a la ONU que iniciara de inmediato una investigación sobre “la ola de muertes provocadas por la campaña del presidente filipino con impunidad para la policía, que mata impunemente a quienes aparecen en los barrios marginales”. ”, Explicó Nicholas Beckelin, Director Regional de la ONG. Agregó que el propio gobierno de Duterte había reconocido “al menos 6.600 muertes por parte de las fuerzas del orden y había evidencia de que muchas más habían muerto a manos de hombres armados con presuntas conexiones policiales”.

El 14 de junio, la fiscalía de la CPI solicitó permiso a los jueces para abrir una investigación, que ahora tiene luz verde para considerar. La descripción del caso muestra “la posibilidad de que miles de personas hayan fallecido como consecuencia de su presunta participación en el tráfico o consumo ilícito de drogas”. Aunque algunos de los muertos estuvieron involucrados en enfrentamientos entre grupos, “se alega que muchos de los incidentes fueron ejecuciones extrajudiciales en el curso de operaciones policiales”. El caso está ahora en manos de Karim Khan, el nuevo fiscal jefe del tribunal.

En septiembre de 2016, su predecesora, Fatou Bensuda, ya había expresado su preocupación por la situación. En 2018 abrió la revisión preliminar, que dio lugar a la apertura de la investigación actual.

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