Juzgado de Alicante absuelve a todos los acusados ​​de falsear el desarrollo del urbanismo a favor de un constructor |  España

Juzgado de Alicante absuelve a todos los acusados ​​de falsear el desarrollo del urbanismo a favor de un constructor | España

El Juzgado de Alicante encuentra que no existen pruebas que demuestren que los ex alcaldes alicantinos Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, ambos PP, proporcionaron información o influyeron en los técnicos, por lo que el empresario Enrique Ortiz, principal terrateniente de la ciudad, se benefició de la preparación del nuevo urbanismo. plan (PGOU) para Alicante. El tribunal absolvió a todos los imputados, un total de ocho, de los delitos de corrupción por parte de las autoridades o funcionarios públicos, difusión de influencia, difusión, revelación de secretos y uso de información privilegiada. Sin embargo, condenó a Alperi y Ortiz, que admitieron los hechos, a multas de 6.000 y 18.000 euros por el delito de cohecho.

Lo que se resolvió como una operación de corrupción monumental por parte de altos funcionarios municipales, incluida en una trama aún mayor que se extiende por toda la provincia, la Operación Brugal, se redujo a una sentencia de dos obsequios. Uno de ellos, un viaje a Creta en avión privado, disfrutado por Alperi, y el precio de 36.000 euros corrió a cargo de un empresario que no ha sido juzgado. La otra chaqueta de lujo que Ortiz le dio a Castedo en la Navidad de 2008, un obsequio que los magistrados consideran puede ser una violación de soborno pasivo, pero que está prescrito.

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El caso PGOU nació como todo lo que cae bajo el paraguas de Caso brugal, en el botón del teléfono. A partir de la investigación de una supuesta conspiración corrupta para recolectar basura en Orihuela (Alicante), la policía está ampliando la red de teléfonos interceptados hasta llegar a Ortiz. Las conversaciones de la constructora con los alcaldes Alperi y Castedo, con casi veinte años de gobierno municipal entre ambos, parecen haber demostrado que el empresario es consciente de lo que está sucediendo en el mapa del futuro plan urbanístico de Alicante, que fue retirado nada más estalló el escándalo.Todavía se está procesando. Se cree que lo hizo y no hizo para sacar grandes beneficios económicos u obtener las partes más jugosas del pastel de la ciudad.

La elocuencia de los avances llevó a Ortiz a seguir los pasos de la Fiscalía, donde en abril de 2020 firmó un acuerdo reconociendo todos los hechos a cambio de una reducción de la sentencia de ocho años que el fiscal exigía hasta dos y una multa. de casi 900.000 euros. Así, el magnate alicantino desdibujó a Alperi y Castedo en la fijación de PGOU, a cambio de dinero, licencia pagada y un coche con la marca Mini Cooper. Él no era el único. Otro empresario de ladrillos, Ramón Salvador de Elche, firmó un pacto similar dos meses antes, en febrero de 2020, a cambio de tres meses de prisión y una multa de 14.500 euros.

Sin embargo, en su comparecencia ante el tribunal en la primera sesión del juicio, Ortiz retiró su confesión. El motivo era que poco antes, en otra de las piezas de Brugal, la de la basura de Orihuela, la Audiencia Provincial había anulado todas las escuchas telefónicas. 34 imputados, incluidos dos alcaldes populares del municipio sureño de la provincia, fueron absueltos de todos los cargos. Ortiz y sus abogados sabían que sin las escuchas telefónicas en su caso derivadas de las ya desestimadas por el otro tribunal, cualquiera de los argumentos de la fiscalía estaría prácticamente vacío en sustancia. Sin embargo, El Salvador decidió continuar con su consentimiento.

Casi un año después del juicio, las puñaladas resultaron inofensivas. Los magistrados han certificado la mayoría de estas transcripciones. Solo cancelaron los de la esposa de Ortiz y algunos registros ordenados en otra sucursal de Brugal. Sin embargo, creen que no hay pruebas fehacientes de que el constructor influyó en los primeros asesores de Alicante, los principales responsables del PGOU, por lo que se correspondieron con información privilegiada o lucros en el reparto del suelo. La sentencia solo reconoció que ha existido una profunda amistad entre los tres, perdurable en el tiempo, con “constantes comunicaciones telefónicas con contenido privado”, con “conocimiento mutuo de sus respectivas familias” y con “reuniones que habían mantenido en sus hogares”. de los demás y los viajes de ocio que compartieron “. Una amistad que el imputado intenta no “difundir en el exterior, disfrazándola en casos como las relaciones institucionales”.

Aparte de la chaqueta de la marca y el viaje a Creta, no hay documentos que demuestren la actitud favorable que podría asegurar esta relación íntima. Por tal motivo, los magistrados dictaron sentencia absolutoria, contra la cual cabe recurso de casación, a favor de Alperi, Castedo y Ortiz por los delitos de corrupción de las autoridades o funcionarios, difusión de influencia, difusión, divulgación de secretos y explotación de información. También quedan libres Virgilio Ortiz y Santiago Bernaldes, hermano y empleado de la constructora, respectivamente, así como el empresario Pablo Rico y los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano del exalcalde.

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