Fiscal Hertz maniobra para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores tras ser rechazado durante 11 años

Fiscal Hertz maniobra para ingresar al Sistema Nacional de Investigadores tras ser rechazado durante 11 años

Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República, en conferencia en mayo de 2019.Halo Cañas / CUARTOSCURO

El Fiscal General de la República, Alejandro Hertz, se incorporó al Sistema Nacional de Investigación (SNI) luego de haber sido rechazado durante los últimos 11 años. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se negó cinco veces a aceptar a Hertz como «producción científica insuficiente». Una comisión creada exclusivamente para su caso le otorgó acceso al grado III en abril, el nivel más alto que un investigador nacional puede alcanzar sin ser honrado. La noticia generó críticas del sector, que calificó la publicación de «escandalosa» y la vinculó a una decisión política.

En un momento delicado en la relación entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y las instituciones científicas, especialmente luego de la desaparición de los fideicomisos, el proceso de ingreso de Hertz al SNI estuvo atormentado por dudas. “El hecho de que el fiscal sea el SNI III es una profunda señal de que las reglas se relajan cuando se trata de darle a alguien del círculo inmediato lo que quiere”, dijo la investigadora del CIDE Ximena Medellín. Este doctor en derecho, que se encuentra en el SNI en la categoría de «Candidato a Investigador», considera la adopción de Hertz como un «duro golpe» para la institución: «Supone la banalización del Sistema Nacional de Investigadores para todos nosotros que creen tanto en él … SNI es un referente, un orgullo ”.

La historia de Hertz con esta institución, que reconoce a los investigadores más prolíficos del país, comenzó cuando el fiscal solicitó su ingreso en 2010. El Conacyt le negó el acceso en dos ocasiones, y luego el empleado acudió a los tribunales. En una travesía legal que durará años, dos jueces anularon las resoluciones del Conacyt, lo que los obligó a emitir nuevas decisiones en 2013, 2014 y 2015. Todos se negaron a aceptar a Hertz. Este último lo toma el Consejo de Aprobación del SNI.

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En esta «decisión final», el Consejo manifestó que «los productos presentados por el Dr. Alejandro Hertz Manero son de calidad limitada en investigación» porque las fuentes de investigación son limitadas e incompletas y no existen «elementos mínimos de técnica de investigación documental». Conacyt también cree que Hertz no tiene una línea específica de investigación, no tiene el número de publicaciones originales requeridas para unirse al SNI, y que «no lleva a cabo investigaciones periódicas y sistemáticas». Además, «su trabajo no corresponde a la creación de nuevos conocimientos, no hay metodología ni aparato crítico, sino que solo representa la opinión del autor», según el diario. Un animal politico, quien obtuvo el expediente interno del caso.

A raíz de esta resolución, Hertz presentó una denuncia en 2015 por trato discriminatorio ante el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), dependiente del Ministerio del Interior. Tras cinco años de silencio, la Conapred concluyó el 28 de agosto de 2020 que había existido una «actitud diferenciada» hacia el fiscal y ordenó una nueva valoración de fondo.

Con base en esta resolución -que no está disponible para consulta- la actual directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buila, declaró el proceso por el que había pasado Hertz: tasadores ”. Álvarez-Buila decidió entonces crear una Comisión Judicial Especial para que se ocupara exclusivamente del caso Hertz. Este tipo de comités a hoc no son una práctica prevista en la normativa durante los 37 años del SNI. “No existe tal cifra, la encontraron para este caso”, dice Medellín.

El 15 de abril de este año, los tres integrantes de la comisión decidieron que el fiscal debía incorporarse al Sistema Nacional de Investigación «por su labor y su trascendencia nacional e internacional». Presidido por Ernesto Villanueva, quien fue el único que firmó el dictamen, el comité cree que todas las decisiones anteriores del Conacyt han sido sesgadas. Y que en base al principio pro persona de la Constitución se debe aplicar la interpretación judicial que más beneficie a las víctimas. Así, decidieron otorgar a Hertz el más alto grado como investigador nacional, sin pasar por las etapas habituales de candidato, grado I y II. Fue este nivel otorgado al fiscal el que generó más indignación entre los investigadores. «SNI III es un reconocimiento a una vida dedicada a la academia. No es alguien que accidentalmente publica allá o allá, es un compromiso y un proyecto de vida ”, explica Ximena Medellín.

Para llegar a esta conclusión, y según el dictamen al que tuvo acceso este diario, la Comisión evaluó que Hertz tenía tres títulos en derecho y que «contaba con cinco libros como autor único, dos capítulos de libro y seis artículos científicos». El dictamen dedica mucho espacio al argumento de que en el caso del fiscal no se considera imprescindible que se haya dirigido una tesis -como recomienda lo dispuesto en las disposiciones del Sistema Nacional de Investigadores- En las evaluaciones periódicas del SNI alguien está No admitido en el grado III por disertaciones de doctorado suficientemente enfocadas. El fiscal nunca ha supervisado tales.

El abogado de 81 años, que ha trabajado con todos los partidos políticos del país, se ha convertido en una figura de primera línea en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que considera «incorruptible». Sin embargo, este hecho ha generado críticas a un fiscal acusado de discreción en algunos juicios. Una investigación de EL PAÍS reveló a finales de marzo una disputa que el funcionario mantuvo con sus familiares tras la muerte de su hermano hace seis años. Lo acusan de pedirles 3,5 millones de pesos para liberar a Alejandra Cuevas, hija del socio de Federico Hertz, acusada por la Fiscalía de su asesinato.

Este último episodio del SNI es interpretado por los investigadores como una caída más en un panorama ya muy difícil para las instituciones científicas mexicanas. Para la abogada Ximena Medellín: «Ésta es otra forma de corrupción, no robo de dinero, sino abuso de tu puesto para manipular todo el sistema».

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