FGR: Thomas Zeron contrató empresas fantasmas para una fiesta secreta

FGR: Thomas Zeron contrató empresas fantasmas para una fiesta secreta

Thomas Zeron, durante una conferencia de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.
Thomas Zeron, durante una conferencia de prensa en la PGR, en noviembre de 2014.Diego Simón Sánchez / Quartoscuro

Durante la gestión de Thomas Zeron de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en la inexistente Fiscalía (PGR), se adjudicaron contratos por 10 millones de pesos (unos $ 500.000) a dos empresas que luego terminaron en la lista. de empresas fantasma preparada por SAT. Uno de los contratos fue con una empresa que supuestamente produjo un video que muestra el trabajo de «inteligencia» realizado por el gobierno mexicano durante el gobierno de Enrique Peña Nieto para localizar a Joaquín Guzmán Loera, entonces líder del cartel de Sinaloa. Los recursos asignados a la empresa provienen de la partida presupuestaria 33701, que se utiliza para gastos de seguridad nacional que no son transparentes por parte de las autoridades. Las irregularidades encontradas en parte de los costos incurridos por este elemento durante el gobierno de Zerón son el motivo de una de las investigaciones que realiza la actual Fiscalía General de la Nación (FGR) contra el ex empleado prófugo.

La Agencia de Investigación Criminal (AIC) fue constituida en septiembre de 2013 durante el gobierno de Peña Nieto como un organismo que concentrará en un solo cuerpo las tareas de inteligencia e información criminal, investigación y servicios periciales. El objetivo de la AIC sería «incrementar la capacidad de investigación y generar inteligencia para investigar delitos en la institución», dijo la entonces PGR en un informe de trabajo. El organismo incorporó a su estructura la Policía Ministerial Federal, la Coordinación General de Servicios Periciales y el Centro Nacional de Planificación, Análisis y Control del Delito (Cenapi), que quedó bajo su mando. Zeron de Lucio fue designado titular de la AIC, cargo que ocupó hasta septiembre de 2016, cuando fue obligado a renunciar por denuncias de los padres de Ayotzinapa normal, quienes lo acusaron de manipular pruebas en la investigación del caso. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que hay investigaciones en curso contra Thomas Zeron, que involucran el uso de empresas subordinadas, pero dijeron que no se podrían dar más detalles al respecto, ya que el debido proceso se vería afectado.

Durante los tres años que Zeron estuvo a cargo de la AIC, la agencia tuvo un presupuesto aprobado de 407 millones de pesos, devengados por las partidas 33701 y 55102, pero finalmente gastó 1.529 millones de pesos, según Hacienda. Ahora se sabe que muchos de estos recursos identificados en juegos secretos de seguridad se han utilizado de forma irregular. En septiembre del año pasado, el fiscal Alejandro Hertz Manero acusó a Zeron de sustraer más de 1.000 millones de pesos del presupuesto de la PGR como «pago por sus vergonzosas hazañas» en El caso de Ayotzinapa y con el consentimiento de sus superiores. En este sentido, la Fiscalía recibió de un juez dos órdenes de aprehensión contra Zeron por delitos relacionados con mal servicio civil, malversación e igual fraude, según anunció. Un animal politico pasado noviembre. La Fiscalía investiga el presunto desvío de 1.102 millones de pesos a través de tres contratos presuntamente «falsificados» para la adquisición de equipos de espionaje, cobrados por parte de los costos de seguridad pública y nacional, dijo el portal en un informe.

EL PAÍS informa ahora que a estos contratos irregulares se van sumando otros por un monto de 10 millones de pesos, que han cumplido en dos empresas papeleras. Con los recursos destinados a los sitios de seguridad, se adjudicaron contratos por cuatro millones de pesos a EBS Solde Organización, y también se realizaron pagos por seis millones de pesos a Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, según información proporcionada por la propia fiscalía. del SAT. Los contratos celebrados con estas empresas no fueron transparentes, ya que formaban parte de los costos incurridos por FGR en sus tareas de seguridad y esto implica «secreto». En el caso de EBS Solde Organización, la FGR manifestó que sólo había encontrado un contrato con esa empresa por 580.000 pesos, a pesar de que la SAT tenía expedientes de facturas emitidas por cuatro millones de pesos. El contrato, según respondió la FGR a una solicitud de información de este medio, era para «el servicio de producción y postproducción de un video de la labor de inteligencia relacionada con la detención de Joaquín Guzmán Loera». En el caso de Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV, no quiso dar detalles del contrato de arrendamiento, pero en los archivos del Comité de Transparencia de la entonces PGR se constató que se habían adjudicado seis millones de pesos por el concepto 33701.

EBS Solde Organización es una empresa registrada en Monterey, Nuevo León, el 15 de marzo de 2013 con un objeto social tan diverso, que va desde la operación de sistemas de rastreo y localización de geo-satélites hasta la venta de productos agrícolas y empaques de alimentos. También ofrece asesoramiento y consultas en materia fiscal y ambiental, de acuerdo con los estatutos consultados en el registro mercantil público. En su historia comercial tiene contratos con varios municipios de Nuevo León. Asociados y Consorcio Corporativo SA de CV también se estableció en marzo de 2013 y se cerró cinco años después en una reunión. La empresa chiapaneca es acusada por la entidad de haber recibido contratos para impartir cursos de contención emocional que nunca había recibido. Un grupo de funcionarios de la Secretaría para el Empoderamiento de la Mujer condenó en 2016 a medios locales que los seminarios fueron simulados y que el personal se vio obligado a tomar fotografías para justificar la supuesta capacitación. Ambas empresas fueron incluidas en la lista de empresas que facturan operaciones SAT simuladas.

Costos irrazonables

Parte de los 1529 millones de pesos etiquetados en los artículos 33701 y 55102 – asignados a los distintos órganos que formaban parte del organismo comandado por Zerón – se gastaron mal y sin cumplir los criterios de riesgo, urgencia y confidencialidad, como su uso según diversos informes del Órgano de Control Interno de la Fiscalía. Una auditoría realizada en 2015 por el Centro Nacional de Planificación, Análisis e Información para el Control del Delito (Cenapi) encontró deficiencias en el control y la supervisión. El informe señala que en octubre de 2014, Cenapi firmó un contrato por 71,4 millones de pesos con el proveedor Vans y Subs de Lujo SA de CV para la adquisición de 24 vehículos que serán utilizados en actividades tácticas. Sin embargo, cuando se cumplió el plazo de entrega, el proveedor entregó solo cuatro unidades, las cuales fueron cobradas por el ítem 55102 (equipo de seguridad), incumpliendo los términos pactados en el contrato.

Otra auditoría realizada en 2015 por la Policía Federal Ministerial reveló falta de documentación acreditativa y costos irrazonables bajo el ítem 33701. La empresa no cuenta con la documentación que justifique y verifique los costos asignados por 23.3 millones de pesos relacionados con viajes, dietas y costos de investigación provistos. a los funcionarios públicos en 2014. Se destaca «El control de recursos que realiza la Policía Federal Ministerial carece de veracidad y confiabilidad». Además, los funcionarios no proporcionaron notificación formal de la comisión, investigación u operación especial. También se constató que los recursos no cubiertos en el párrafo 33701 se habían ejercido y, por lo tanto, no eran el resultado de actividades especiales que entrañaran riesgo, urgencia o confidencialidad. “Esto genera vacíos en las disposiciones aplicables, lo que lleva a una falta de transparencia en la ejecución del presupuesto establecido para tal fin”, decidieron los auditores.

Otra auditoría, también realizada por la Policía Federal Ministerial, encontró irregularidades en el parque automotor, ya que 31 unidades no fueron encontradas durante una inspección física. En la Coordinación General de Servicios Periciales, los auditores constataron que fueron 72 bienes que fueron adquiridos y recibidos en diciembre de 2013 y que a septiembre de 2015 – cuando se realizó la auditoría – estaban empaquetados y sin usar. La adquisición de estas materias primas costó 46,3 millones de pesos y fue necesaria para montar cuatro laboratorios regionales de genética forense que no se construyeron.

Se investiga el mal uso de este elemento en otra unidad de la inexistente PGR. En julio del año pasado, EL PAÍS anunció que la actual Fiscalía, encabezada por Hertz Manero, estaba investigando al Ministerio del Interior, conocido oficialmente como Inspección General, ya que dejó 102 millones de pesos como tema de seguridad entre 2013 y 2014. Si bien el uso de estos fondos se conserva en la naturaleza, ya que se utilizan para investigaciones o pagos a denunciantes, los funcionarios deben justificar su uso internamente mediante un informe detallado que no se elabora adecuadamente. Además, los investigadores de la FGR encontraron movimientos extraños en el ingreso y salida de dinero de las cuentas de asuntos internos y concluyeron que no era posible saber si el gasto había sido aplicado en las investigaciones de la Oficina General.

Javier Oliva Posada, investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, enfatiza que existen elementos de los costos de seguridad que son muy difíciles de transparentar, ya que pueden poner en riesgo la vida de los policías. «El tema de la dimensión de la seguridad nacional es extremadamente complejo desde un punto de vista administrativo. Por eso, en algunos aspectos, la transparencia puede ser objeto de una excepción según el tema ”, dijo el académico. Una solución para asegurar la adecuada auditoría de estos fondos es contar con agencias fuera de las zonas de seguridad, como instituciones educativas, que apoyen la auditoría y fiscalización del adecuado ejercicio de estos elementos. El Experto en Seguridad Nacional menciona que es muy común que el presupuesto ejercido sea superior al aprobado, ya que las situaciones de seguridad no pueden anticipar situaciones que surgen inesperadamente y necesitan ser atendidas. «Esto también sucede muy a menudo en el Comité de Adquisiciones del Congreso de Estados Unidos, por ejemplo, donde hay ajustes presupuestarios ante problemas de seguridad nacional», dijo.

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