Euskadi acusa al Estado de "erosión silenciosa y continua" del autogobierno vasco |  España

Euskadi acusa al Estado de “erosión silenciosa y continua” del autogobierno vasco | España

El ministro autónomo Olac Garamendi (derecha) y Begonia Pérez de Eulat, directora de su departamento, durante la presentación del libro Silent Erosion en Bilbao el viernes.Miguel Tonya / EFE

El gobierno de Urkullu considera que el desarrollo e implementación del autogobierno vasco, 42 años después de la aprobación del Estatuto de Gernika, ha sido víctima de la injerencia “silenciosa y continua” del Estado en los poderes antes mencionados en la Comunidad Autónoma Vasca. “Euskadi sufre a menudo las consecuencias del reciente impulso del actual gobierno español”, ha condenado este viernes Olac Garamendi, ministro de Administraciones Públicas y Autogobierno. Como sigue abierto el debate político en Euskadi sobre la reforma del estatuto autonómico actual, el Ejecutivo vasco reafirma así la necesidad de que el Estado cumpla con su pleno cumplimiento hasta que se alcance un amplio acuerdo político sobre su reforma.

Olac Garamendi, el asesor que ahora lidera la estrategia vasca en las negociaciones con el Gobierno central sobre el traspaso de cesiones pendientes, criticó el “vaciamiento de poderes exclusivos” de Euskadi a través de “diferentes vías de ingeniería jurídica de los poderes estatales”. Confirmó que “la intervención progresiva y en ocasiones la laminación de la capacidad de las administraciones vascas a través de la ingeniería jurídica es un hecho cotidiano por parte del Estado español”.

El concejal Garamendi apoyó estos argumentos tras presentar algunas de las conclusiones del libro Erosión silenciosa, que incluye casi 700 páginas de informes legales elaborados por diversos abogados del Gobierno Vasco sobre la injerencia del Estado en las capacidades autónomas del País Vasco. “La erosión de competencias que sufre el autogobierno vasco es prolongada y silenciosa y es muy perjudicial para los intereses de las instituciones y de la sociedad en su conjunto”, ha subrayado.

Solo 10 días antes, el Lehendakari Urkullu ya los había previsto cuando, al inicio de su curso político, anunció que una de sus prioridades para esta legislatura era “exigir el pleno cumplimiento” del Estatuto de Guernica y proteger la necesaria actualización. La reforma legislativa está actualmente bloqueada después de años de debate que no ha logrado despejar un amplio consenso político. La propuesta técnica de un nuevo estatuto, que tiene más potencial para atraer un amplio acuerdo, es la firmada entre el PNV, Elkarrekin Podemos y PSE-EE, aunque con votaciones individuales, que ya se tramitó en el Parlamento en diciembre de 2019. Oposición al PP , que considera un fracaso, y la “decepción” de EH Bildu, que ve cómo se reduce la carga soberana en relación a las bases pactadas con el PNV. No se ha avanzado desde esa fecha.

Garamendi ha destacado hoy que los informes de los juristas reflejan “claramente” que el País Vasco afronta “una limitación de su capacidad por parte de las autoridades estatales” de forma “imperceptible” y esta “pasa desapercibida para la opinión pública”. Y agregó: “Más que imperceptiblemente, calla, blanco, porque está amparado por la legalidad proclamada por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”. “La carta del Estatuto de Guernica”, concluyó el concejal, “está devaluada por una concepción e interpretación irritable del Estado, marcada por una fuerte y constante aspiración reciente y opuesta al reconocimiento de la diversidad”.

La “erosión de la competencia” contra el autogobierno vasco se ha producido, según Garamendi, a través de “técnicas legales y políticas” durante “muchos años”. Uno de ellos consiste en “invocar y ejercer las competencias transversales del Estado para legislar en materias de competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas”. La segunda vía utilizada es “el recurso a razones excepcionales para atribuir funciones ejecutivas que no están reservadas constitucionalmente al Estado”, como una decisión constitucional en materia de educación que considere imprescindible, como establecer un tiempo mínimo de lectura diaria en las etapas educativas. a pesar de que es competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas.

En otros casos, según Garamendi, el Estado “utilizó el poder del gasto público para incidir en políticas públicas con competencia autónoma”. Con estas maniobras financieras, se utilizó para “dirigir las actividades de sectores fuera de su competencia”, condenó el asesor.

El Gobierno vasco cree que esta realidad no debe obstaculizar las negociaciones que mantiene con el Gobierno de Sánchez para el traspaso de nuevos poderes. En el calendario acordado entre las dos administraciones quedan pendientes 20 traspasos tras aprobarse cuatro este año. Garamendi espera que la comisión de traspasos se convoque este año para considerar, entre otras cuestiones, el traspaso de la gestión de renta mínima (IMV), a pesar de que, como ha dicho, no hay propuesta del ejecutivo central en la mesa. “No aceptaremos una simple asignación de funciones sin recursos materiales o económicos”, advirtió el asesor.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *