Es hora de medir (bien) la precariedad laboral | Economía

A finales del siglo XIX, al contemplar la creciente agitación social vinculada a la desoladora escasez de empleo en Inglaterra, el influyente periódico The Times expresó con inquietud que el desempleo constituía “el problema fundamental de la sociedad moderna”. Pocos años después, en 1895, la Cámara de los Comunes británica instituyó un Comité destinado a escudriñar la “angustia por falta de empleo” (Distress from Want of Employment). Ese hito histórico culminó en la primera investigación oficial con el objetivo de analizar a fondo la situación, las causas y la formulación de propuestas ante un fenómeno social como el desempleo, cuyas implicaciones repercutían profundamente en la vida y la salud de una gran parte de la población. Desde la revolución industrial decimonónica hasta las luchas por los derechos laborales en los siglos posteriores, las condiciones de empleo han configurado no solo la estructura social y económica de los países, sino que continúan dejando una profunda huella en la salud y el bienestar de trabajadores y trabajadoras de todo el mundo.

Por ello, en abril de 2022, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social del Gobierno español estableció una Comisión con el propósito de obtener un diagnóstico detallado de dos de los males sociales más preocupantes de nuestra época: la precariedad laboral y los trastornos de salud mental. La culminación de esta iniciativa se materializó en marzo de 2023 con la presentación del Informe PRESME, la primera investigación auspiciada por un gobierno que relaciona de forma integral ambos fenómenos. El estudio aborda cuestiones fundamentales como la definición de la precariedad laboral, los métodos para su medición, su impacto en la salud mental, así como las estrategias para mitigar tanto la precariedad como sus efectos en la salud. Próximamente, este informe será publicado en forma de libro.

Aunque comúnmente la precariedad laboral se ha asociado con los contratos temporales, la inseguridad laboral o los bajos ingresos, un análisis científico minucioso y exhaustivo revela su naturaleza poliédrica y multidimensional. Estos factores van más allá de lo económico e incluyen aspectos psicosociales, como estar sujeto a ritmos laborales intensos y la imperiosa necesidad de estar permanentemente disponible, así como condiciones laborales inestables e inseguras que generan una elevada vulnerabilidad y un latente temor al despido. También incluyen desde la carencia de protección y derechos laborales hasta la debilidad en la capacidad de negociación y el ejercicio efectivo de estos derechos, pasando por la percepción de una retribución insuficiente. Experimentar la precariedad puede traducirse en tener empleo de forma intermitente, estar subempleado (con un contrato a tiempo parcial no deseado o desempeñando funciones por debajo de su nivel educativo), trabajar en empleos “sumergidos”, e incluso tener múltiples ocupaciones que apenas cubren los gastos mensuales. Aunque los incrementos recientes del salario mínimo han beneficiado a más de dos millones de personas, aún persiste un contingente significativo de trabajadores y trabajadoras que apenas superan la franja de los mil euros al mes. Sin embargo, la sombra de la precariedad laboral se extiende hoy no solo sobre el empleo asalariado, incluso aquel con un nivel elevado de estabilidad, sino también sobre numerosas ocupaciones no asalariadas e informales.

A pesar de su omnipresencia, hoy gran parte de la precariedad laboral permanece oculta. No la comprendemos lo suficientemente bien, no la medimos adecuadamente y, por lo tanto, no logramos evaluarla ni acertar en la toma de decisiones políticas. Junto con numerosos empleos cuyos efectos perjudiciales para la salud y la vida podemos entender, existen muchos otros cuya naturaleza tóxica apenas conocemos. Es el caso de diversos tipos de empleo informal, trabajo sumergido o labores realizadas a cambio de alojamiento y/o manutención, en situaciones que rozan la servidumbre y la esclavitud, comunes en naciones empobrecidas y cada vez más frecuentes en los países ricos. Además de estos empleos, subsiste un tipo de trabajo cotidiano esencial en gran medida ignorado a nivel social, cuyas consecuencias se sufren casi siempre en silencio. Nos referimos al intenso e imprescindible trabajo reproductivo (trabajo doméstico y de cuidados) que tantas mujeres llevan a cabo en el seno familiar, desprovistas de salario y derechos laborales. No es sorprendente que, como ha apuntado Silvia Federici, “la cadena de montaje empieza en la cocina, en el lavabo, en nuestros propios cuerpos”, y que el trabajo y el cuerpo de las mujeres sean los “nuevos comunes”, los bienes esenciales que la comunidad necesita para subsistir. Actualmente, los insuficientes datos disponibles revelan que casi la mitad de la población activa en España, equivalente a once millones y medio de personas, muestra síntomas de estar sumida en la precariedad.

Distintos estudios científicos, así como la Organización Mundial de la Salud (OMS), resaltan que la precariedad laboral opera como un determinante que incrementa el riesgo de padecer múltiples enfermedades y fallecer prematuramente. El Informe PRESME ha proporcionado evidencia científica que demuestra cómo la precariedad laboral actúa como un determinante perjudicial para la salud, un flagelo social que propicia el consumo de alcohol y drogas, así como un aumento en el riesgo de suicidio. La economía de las plataformas digitales ilustra de manera reveladora esta inquietante realidad. Quienes trabajan en este sector se hallan bajo la amenaza constante de un mercado laboral altamente flexibilizado, sometidos a menguados salarios, a una disciplina constante pero invisible, y a la falta de control sobre su propio tiempo. Aunque gozan de libertad jurídica, se ven compelidos a internalizar una situación laboral que subyuga y aliena.

Pero, ¿qué más sabemos del vínculo entre la precariedad laboral y los problemas de salud mental? En España, se observa una elevada prevalencia de trastornos mentales, un fenómeno fuertemente medicalizado, ya que nos contamos entre los países del mundo con mayor consumo de ansiolíticos y antidepresivos. El malestar, la aflicción psíquica o la dependencia constante de medicamentos para sobrellevar la jornada laboral son respuestas que hoy en día se han normalizado en amplios sectores de la población, creando una realidad en la que a menudo muchas personas se sienten culpables de su propio sufrimiento, ajenas a las causas estructurales de una precariedad que a menudo impulsa el “presentismo” laboral, es decir, la asistencia al trabajo incluso en situación de enfermedad. Sin embargo, dado que el sufrimiento psíquico no es únicamente una cuestión individual sino colectiva, su resolución requiere un enfoque social y político. La necesidad de abordar las raíces sistémicas de la precariedad laboral y sus efectos en la salud mental implica, por ejemplo, la promoción de reformas estructurales como la democratización del ámbito laboral.

La investigación científica ha demostrado que el impacto en la salud mental es más de 2,5 veces más común entre aquellos que trabajan en condiciones precarias, empeorando a medida que la precariedad laboral se intensifica. Esta realidad afecta de manera más severa a mujeres, jóvenes, personas de clase trabajadora, migrantes y colectivos frecuentemente olvidados, como los autónomos, las personas trans y las personas con diversidad funcional, así como a ciertas profesiones como el periodismo y el trabajado cultural. Del total de personas trabajadoras en España, se estima que, durante el año 2020, más de medio millón sufrieron depresión, de las cuáles al menos un tercio podría haber evitado este padecimiento si no hubieran estado sometidas a empleos precarios. Estamos hablando de más de 170,000 individuos, cada uno con su propia trayectoria vital, aspiraciones y entorno familiar.

El trabajo no debe ser simplemente un mero medio de supervivencia ni un entorno nocivo que perjudique nuestra salud física y mental; debe ser una fuente de realización personal y bienestar. Evitar la precariedad, proporcionar seguridad a todas las personas y preservar su salud debería constituir un imperativo ético para todos los gobiernos. Sin embargo, en la era de la inteligencia artificial y el big data, los sistemas de información actuales carecen de las herramientas necesarias para analizar y explicar de manera integral fenómenos tan cotidianos y relevantes como la precariedad laboral y sus repercusiones sociales y en la salud. En 1964 se llevó a cabo por primera vez en España la Encuesta de Población Activa (EPA), cuyos datos permitieron medir el desempleo y se recopilaron trimestralmente a partir de 1975. Sin embargo, para evaluar el progreso y la justicia social de un país, no basta con conocer la cantidad de empleos, sino que es esencial también conocer su calidad. En 1987, se dio un importante pero insuficiente paso adelante al incluir por primera vez la medición de la temporalidad en el mercado laboral español. No obstante, como acertadamente señaló el estadístico John Tukey, es preferible tener una respuesta no exacta a la pregunta correcta que una respuesta exacta a la pregunta incorrecta. Hoy en día, ha llegado el momento de que los servicios estadísticos oficiales desarrollen los indicadores necesarios que permitan medir adecuadamente la magnitud, evolución y múltiples efectos de la precariedad laboral. En el año 2024, tenemos el conocimiento necesario para responder adecuadamente a la pregunta correcta. Es el momento de que la sociedad comprenda y evalúe integralmente un determinante social fundamental para nuestra salud.

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