El Tribunal Supremo de Andalucía rechaza el derribo del Hotel el Algarrobico  Clima y medio ambiente

El Tribunal Supremo de Andalucía rechaza el derribo del Hotel el Algarrobico Clima y medio ambiente

El piquete seguirá esperando para destruir el Hotel El Algarrobico de Carboneras (Almería), símbolo del urbanismo salvaje en la costa. El Tribunal Supremo de Andalucía (TSJA) rechazó el pasado jueves el derribo del hotel, solicitado por Greenpeace, tras una mochila con sentencias contrarias a su legalidad, que acumula más de 15 años. El laberinto judicial para su desarrollo finalizó en 2016 con la decisión del Tribunal Supremo, que dictaminó que la obra se realiza en “terrenos no urbanizados con especial protección del Parque Natural Cabo de Gata-Niyar”. Pero cinco años después, se desconoce la desaparición de este edificio fantasma.

Los jueces del Tribunal Supremo de Andalucía estiman que el derribo no puede llevarse a cabo en estos momentos, ya que el Ayuntamiento de Carboneras emitió una licencia de obra en 2003, que aún se encuentra vigente, y antes de que se haga justicia sobre el derribo., El municipio de este municipio de unos 8000 habitantes tiene que cancelarlo. “La demolición por razones de legalidad de las obras construidas es sólo una decisión que corresponde a la administración o administraciones una vez finalizado el trámite de revisión oficial de la licencia”, dicta la Sala Judicial Cuarta en lo Contencioso Administrativo del TSJA. “La obra tiene un título legal válido hasta que se demuestre lo contrario”, explicaron los magistrados.

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Así, la pelota está en el techo del Ayuntamiento de Carboneras (dirigido por el PSOE), que deberá revocar la licencia expedida hace 18 años si cumple los requisitos de equidad. Mientras tanto, la organización conservacionista apelará la decisión ante la Corte Suprema. “Ya existen sentencias del Tribunal Supremo ordenando demolición con licencia, como en la Marina Isla de Valdecañas en Cáceres, y también vamos a argumentar el efecto cascada: si la planificación es ilegal, el seguimiento de este terreno no urbanizado también es ilegal”, José Ignacio. Domínguez está avanzando, el abogado que maneja el caso de Greenpeace.

Tras la sentencia de la Corte Suprema de 2016, el gobierno y la junta iniciaron negociaciones sobre la demolición de Algarrobico y cómo se pagaría la factura, que podría ascender a 7,1 millones. Pero para destruir este símbolo del ladrillo, se necesita una decisión judicial que pida la demolición o un acuerdo con el organizador. En ese momento, la constructora Azata se negó a recibir $ 2.3 millones por el terreno en el retiro aprobado por la justicia, lo que complicó aún más el complejo viaje posterior en el caso.

Vista aérea del hotel en El Algarrobico, en el Parque Natural Cabo de Gata.Julián Rojas

Pese al rechazo de la piqueta, TSJA acordó con Greenpeace y obligó al Ayuntamiento de Carboneras a tramitar la revisión oficial de la licencia de obra por una “posible existencia de nulidad de derecho”. Llueve cuando está mojado, porque en 2018 TSJA ya ha pedido al Consistorio que modifique su planeamiento urbanístico para que el terreno donde se ubica el hotel luzca protegido, en lugar de desarrollar y ampliar la servidumbre protectora en la playa a 100 metros como establece la Ley de Costas. Sin embargo, tres años después del mandato de TSJA, el Concejo Municipal continúa ignorándolo. Un acuerdo del Pleno municipal calificó el terreno como no para construcción, pero no lo envió para su publicación en el Boletín Provincial, por lo que no hay consecuencias reales.

Domínguez advierte de las violaciones del alcalde de Carboneras, el socialista José Luis Amerigo: “Estamos a punto de entrar en el proceso penal, pues desacreditar a la justicia es que el Concejo Municipal no cumple ninguna de las sentencias. Tiene que hacerlo y si no, se iniciará el proceso penal contra el alcalde después de que le pidamos a TSJA que le advierta de desobediencia.

Mientras tanto, se seguirá trabajando en la desaparición del hotel a la espera de una solución definitiva que le dé libertad, así como la restauración de 6,5 hectáreas de terreno al final del Mediterráneo.

A pesar del fracaso ahora recibido por TSJA, este hotel, construido a principios de siglo en la costa de Almería, está condenado a desaparecer tarde o temprano. Además, parece cada vez más complicado que la constructora pueda ser compensada por las administraciones. El juzgado nacional ya ha dejado claro que el organizador no tiene derecho a recibir más de los 70 millones que ha solicitado al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento. El edificio, cuya construcción se paralizó en 2006, cuando estaba en un 94% de avance, además de encontrarse en un área protegida de un parque natural, fue erigido a unos 50 metros del mar e invadió la franja protectora de 100 metros establecida por Law de Costas, algo también apoyado por los tribunales.

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