El sector agrícola culpa de la Política Agrícola Común solo a los verdes  Ciencias económicas

El sector agrícola culpa de la Política Agrícola Común solo a los verdes Ciencias económicas

Principales asociaciones agrarias en protesta contra la PAC el pasado mes de marzo.Juan Carlos Toro

Las organizaciones agrarias, a excepción de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), han recibido con recelo y preocupación el acuerdo alcanzado por los ministros de agricultura europeos sobre la nueva reforma de la Política Agrícola Común (PAC), que entrará en vigor a partir de 2023 .y esto asciende a 47 724 millones de euros para España, unos 5.000 millones de euros anuales para pagos directos y otros 1.500 millones de euros para el desarrollo rural. Oficialmente se trata de una cifra similar a la obtenida en el período anterior, pero el sector estima que representa un ajuste del 10% por efecto de la inflación y otras medidas.

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Sin embargo, la principal crítica de las organizaciones es la distribución sectorial de los fondos: el 40% se destinará a políticas verdes, que incluirán los denominados eco-esquemas. Estos fondos verdes, que supondrán una cuarta parte del presupuesto, dicen las asociaciones agrarias, incluyen nuevos requisitos ambientales que conducirán a mayores costos de producción por menor oferta, así como a una pérdida de competitividad frente a las importaciones de fuera de la comunidad, con más -Bajos requisitos de seguridad laboral, medioambiental y alimentaria.

El sector teme que esto signifique una menor rentabilidad, el cierre de pequeñas y medianas explotaciones y una menor autosuficiencia alimentaria para la Unión Europea. Critican que no se ha avanzado más en la restauración de algunos mecanismos de regulación del mercado. “Con números rojos”, coinciden los medios sindicales, “no podemos ser verdes”.

Negociaciones pendientes

En este escenario, las organizaciones agrarias apuntan a la necesidad de esperar a que se implementen las negociaciones en España, basadas en el desarrollo de un plan estratégico en el que la reasignación de fondos y la implementación de políticas de convergencia de ayudas – cobrando lo mismo por la misma actividad – son piezas clave.

El secretario general de la UPA, Lorenzo Ramos, hizo una valoración global positiva de la PAC, ya que incluía puntos importantes protegidos por la organización, como la redistribución del 10% de los principales medios de pago entre explotaciones pequeñas y medianas, el techo de ayuda de EUR 100 000 por beneficiario y el ajuste de los mismos. También el aumento al 3% de los fondos para la inclusión de jóvenes en el sector.

Las posiciones más duras provienen de la Coordinadora de Organizaciones Agrícolas y Ganaderas (COAG), donde su secretario general Miguel Blanco cree que las condiciones ambientales, algo que la organización también protege, no pueden comprometer la sostenibilidad de las fincas. “Los agricultores no queremos ser jardineros de la UE”, dice Blanco. COAG estima que los mayores requerimientos derivados de la política verde, que cubre el 40% de los fondos, así como la reducción en el uso de fertilizantes, productos fitosanitarios o de salud animal, se traducirán en menor oferta a mayor costo. lo que conducirá a una posición menos competitiva en comparación con las importaciones.

En resumen, esto presagia el cierre de pequeñas y medianas explotaciones. Otro paso para “invalidar” (en el caso de la empresa sin vehículos) la actividad.

La autosuficiencia alimentaria en peligro

COAG también advierte que la propia autosuficiencia alimentaria de la UE está en riesgo en un momento crucial para evitar los riesgos de escasez mundial de alimentos. La organización estima que el límite máximo de 100,00 euros de ayuda a un peticionario es una cifra muy elevada y condena que las condiciones de los agricultores reales como beneficiarios prioritarios de la ayuda estén descafeinadas.

La Unión de Sindicatos considera que el acuerdo sobre la futura PAC significa controlar la rentabilidad de los cultivos y explotaciones de la Comunidad debido al excesivo fortalecimiento de las políticas verdes, que destinan el 25% de los fondos a eco-esquemas y el 35% del segundo pilar, desarrollo rural, también con fines ambientales. La organización coincide en sus quejas contra las importaciones por competencia desleal en este escenario verde contra la industria de la Comunidad y lamenta que no se hayan realizado avances en la restauración de algunos de los mecanismos de regulación del mercado que se han desmantelado en los últimos años.

Asaja y sus organismos territoriales condenan que la ambición de la comunidad en el ámbito del medio ambiente, que “todos” en el sector pueden “compartir”, no se complemente con mayores recursos, lo que repercute en la labor de los profesionales. Por eso abogan por un plan estratégico nacional que aúne la situación real y las necesidades del sector, apoyando su viabilidad.

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