El juez ordenó una parada en San Geronimo  España

El juez ordenó una parada en San Geronimo España

Meritxell Batet, durante la sesión de control del gobierno el miércoles.
Meritxell Batet, durante la sesión de control del gobierno el miércoles.Juan Carlos Hidalgo (EFE)

Meritxell Batet se guía por un lema del fútbol: el mejor árbitro es el que pasa desapercibido. Con esa impaciencia, trató de actuar durante los últimos dos años y medio en los que fue presidenta del Congreso. Hasta el martes pasado. Ese día, el tercer organismo estatal ordenó que se detuviera el juego, tomó el balón y lo remató desde el punto de penalti. Era un rapero en toda regla, ya que no había pasado mucho tiempo desde que lo escucharon en la Carrera de San Jerónimo.

Había estado pensando en ello el fin de semana anterior, todavía absorbiendo la amenaza de desprecio que le planteó el grupo Vox cuando se negó a obedecer una orden de expulsión de uno de sus miembros, a quien llamó diputado socialista «brujo». El episodio sacó a la presidenta de la cámara, la puso en una posición muy comprometida y confirmó lo que ella misma lamenta como una «degradación permanente» de la vida parlamentaria. Bate, una mujer de origen humilde que ha sido expulsada y pagada por su educación con becas y copas por la noche, no suele ofrecer grietas en su imagen seria y endurecida. Después de pensarlo, regresó el lunes convencida y comenzó a escribir su discurso. El martes inauguró el pleno con un insólito mensaje a todo el salón, auténtico ya basta de «insultos e insultos».

El líder socialista catalán tuvo que arbitrar un parlamento tormentoso en tiempos convulsos. Cámara en la que conviven el nacionalismo español más ruidoso y el independentismo catalán más sublime, donde la extrema derecha es la tercera fuerza y ​​la izquierda nacionalista tienes tu propio altavoz de grupo. Y en un momento en el que la política se ha visto teñida por la brutalidad verbal de las redes sociales, una de las principales preocupaciones del presidente. Los grupos utilizan las intervenciones de sus diputados para extraer brevemente videos con atrapado en las redes. Nada mejor que frases de taberna o actuaciones como el de un diputado de Vox que hace unos días se subió a la plataforma con un burka y un sombrero talibán.

Battet viajó a través de este campo minado en un intento constante de mantener la situación fuera de control. Sus llamados a calmarse ya eran urgentes. En público, como en el último Día de la Constitución, cuando advirtió contra la percepción de la política como un «enfrentamiento permanente e incondicional». Y muchas más veces en privado, con los ponentes de los grupos o con diputados individuales.

Su declaración del martes terminó con una advertencia: «No seré neutral en defensa del parlamento, la democracia y las instituciones». Esto también se dijo en privado a los grupos, según fuentes parlamentarias: a partir de ahora, el árbitro será más estricto para detener el juego rudo. El mensaje es que acciones como la última del diputado de Vox José María Sánchez y su «bruja» al diputado del PSOE o la que participa en junio María Dantas, de ERC, que tachó de «fascistas» del partido de algunos parlamentarios Santiago Abascal como una mina a lo largo de sus asientos. El juego sucio que pretende detener Batet no son solo los insultos, sino también las actividades clandestinas, como las de esos parlamentarios que, mientras los ministros intervienen en el Banco Azul, se comprometen a sacarlos de la última fila.

El problema para Bate es que en un parlamento donde términos como totalitario, Franco, complicidad en asesinato o golpe de Estado son comunes, es difícil entender lo que el reglamento define como «nociones ofensivas de la decoración de la Cámara». Su discurso del martes fue aplaudido por todos los colectivos y con mayor entusiasmo que cualquier otro vocero de Vox, Iván Espinosa de los Monteros y Macarena Olona. En público y en privado, Vox se presenta a sí mismo como una víctima y domina la frecuencia con la que los oradores de la izquierda llaman «fascistas» a su pueblo. Mientras tanto, casi se han convertido en un eslogan para describir al gobierno como un «criminal».

Uno de los recursos de que dispone la presidenta es eliminar del Journal of Sessions lo que ella entiende como «conceptos ofensivos». Hasta hace unos años, se borraron efectivamente. Como las cámaras filmaban todo lo sucedido en el medio ciclo, el Congreso cambió la costumbre y ahora la medida es más simbólica que real: el «concepto ofensivo de decoración» sigue apareciendo en el Diario de Sesiones, aunque escrito entre paréntesis, para demostrar que fue abolida por la presidencia. Una fórmula que no satisface a todos. La diputada Cayetana Álvarez de Toledo apeló al Tribunal Constitucional para retirar los dos corchetes, que incluyen el término «hijo de terrorista» que ella dirigió al entonces vicepresidente Pablo Iglesias en mayo del año pasado.

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