Dos magistrados progresistas y uno conservador decidirán si la aprobación de la Generalitat es legal |  España

Dos magistrados progresistas y uno conservador decidirán si la aprobación de la Generalitat es legal | España

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, entre su vicepresidente, Jordi Puigneró, y la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, a su llegada a la reunión semanal de la Generalitat de Cataluña de este martes.Tony Albir / EFE

La Sala de Justicia, que tomará la decisión final sobre el visto bueno de la Generalitat para los 34 altos cargos por los que el Tribunal reclama 5,4 millones de euros, estará compuesta por dos magistrados progresistas y uno conservador. En primer lugar, la delegada investigadora del caso, Esperanza García, debe reconocer o no las fórmulas propuestas por la defensa para asegurar ese monto. No obstante, su decisión puede ser recurrida ante el Tribunal de Justicia, integrado por su presidente, José Manuel Suárez Robledano -designado a propuesta del PP-, María Antonia Lozano -enunciada por iniciativa de IU- y Felipe García Ortíz, propuesto por el PSOE.

Es muy probable que el delegado investigador no tome ninguna decisión a finales de julio, ya que el plazo para que los investigados aporten el monto anterior expira el día 21 y el plazo más común en estos procesos es el vencimiento del plazo. Una vez realizada la propuesta de fórmula de seguro por el importe reclamado, el investigador del caso no dispone de un plazo concreto para decidir si es admisible o no la garantía que la Generalitat desea aportar. Tan pronto como lo autorice, el Tribunal de Cuentas se encontrará en el umbral de un período no laborable, el de agosto, según sus reglas de funcionamiento. Por tanto, la resolución de cualquier recurso que pueda interponerse -y ciertamente lo será- no se llevará a cabo hasta el próximo mes de septiembre.

Felipe García Ortiz, uno de los miembros de la Sala de Justicia que tiene que decidir al respecto, ya ha criticado abiertamente los resultados de la averiguación previa al gasto de la Generalitat en acción exterior. García Ortiz se quejó por escrito de los alcances del informe elaborado al respecto, y que las repeticiones en el comunicado dan lugar a que “ni el número ni el número de omisiones e irregularidades denunciadas se puedan hacer de forma concreta. Por tanto, puede ofrecerles una visión ampliada, objetiva y ponderada “.

Más información

Independientemente de la posición que adopte la Fiscalía sobre la garantía, de adoptarse este mecanismo, la impugnación vendrá de la sociedad civil catalana y de los abogados catalanes de la Constitución, que participan en el proceso como acción popular. Y si se rechaza la propuesta de la Generalitat, los participantes que hayan aceptado acogerse a la fórmula de fianza antes mencionada presentarán una reclamación para que se les permita pagar de esta forma. De una forma u otra, en definitiva, la impugnación de la garantía irá a la Corte, que tomará una decisión final al respecto.

Por tanto, el caso se simplificaría considerablemente si, antes del próximo mes de septiembre, la Generalitat pudiera aclarar las dudas existentes sobre la legalidad de la garantía que pretende utilizar. Esto evitaría una apelación por parte del gobierno, que, si se presenta, probablemente significaría una suspensión del decreto del gobierno hasta que la Corte Constitucional se haya pronunciado sobre el fondo, es decir. si la iniciativa no es motivo constitucional.

El propio Tribunal reconoce que la existencia de un convenio entre el Gobierno y la Generalitat para eliminar de la iniciativa cualquier rastro de ilegalidad – derivada de la malversación de fondos públicos para la garantía – aliviaría significativamente la carga y las consecuencias que este procedimiento puede conllevar para magistrados. En este sentido, el juzgado llamó la atención sobre el hecho de que el líder del PP, Pablo Casado, advirtió de la posibilidad de solicitar la inhabilitación de los funcionarios que contribuyan a la ejecución de la propuesta de la Generalitat, por considerarla contraria a la ley por malversación de fondos públicos. .para proteger a las personas que también están acusadas de desviar dinero público con fines ilegales, como buscar apoyo internacional para proceso.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *