Colombia: los tiempos están cambiando  Opinión

Colombia: los tiempos están cambiando Opinión

Los manifestantes marcharon contra el gobierno de Ivan Duke en Cali el 19 de mayo.LOUIS ROBAYO / AFP

Hace un mes comenzó en Colombia un estallido social muy intenso, dinámico y multiactor. La convocatoria de una comisión compuesta fundamentalmente por sindicalistas para oponerse a la reforma tributaria ha provocado una gran movilización de jóvenes y organizaciones sociales afro y locales con reivindicaciones históricas autónomas. Para resolver los desacuerdos y evitar un caos funcional para las organizaciones criminales o intereses políticos dudosos que permean el orden público, es conveniente considerar al menos tres temas que permitan profundizar la democracia colombiana:

1. El reconocimiento de las violaciones en el curso de la protesta.

La desproporción y el abuso de la policía han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, que en ocasiones han cometido delitos además de bloqueos sospechosos. La crisis se ha materializado en decenas de muertes y actos de violencia sexual, más de mil heridos y cientos de denuncias de desapariciones de ciudadanos para las que no existe un acuerdo entre el Estado y la sociedad. Ante la desconfianza y la debilidad de los órganos de control, debemos insistir en la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, postergada por el Canciller u otros supervisores creíbles, para escalar la violencia con rendición de cuentas.

2. Examinar los reclamos del comité de huelga a nivel nacional.

El Comité pide campañas dentro de los requisitos socioeconómicos estructurales con algunos puntos de negociación específicos como la renta básica y otros más generales, como la no discriminación por razón de género. A pesar de que esta comisión es parte del inconveniente, el gobierno parece apostar por el desgaste, ya que negocia lentamente (acuerdan de antemano) y con escollos. Es imperativo que este diálogo se materialice en acuerdos que se hayan implementado.

3. Compensar el déficit de representación política local.

Si bien el gobierno insiste en culpar a la oposición por el estallido de la sociedad, la población que la saca a las calles refleja un malestar general entrelazado con la violencia histórica. La presencia generalizada y heterogénea de jóvenes desempleados, mujeres, pueblos indígenas y afroamericanos en miles de protestas no coincide con cartillas electorales, sino más bien con cartillas de pobreza, desempleo y desigualdad. Estos problemas estructurales se han visto agravados por la pandemia del covid-19 (42% de la población con hambre, 24% de desempleo juvenil y 0,544 de desigualdad por culpa de Ginny) y por la difícil implementación de los acuerdos de paz, que continúan estallando y requieren de forma inmediata y estructural acción.

Una posible solución es combinar la participación ciudadana abierta con un Plan Marshall de rescate social con aportes colombianos públicos y privados, que desarrolla programas, construye bienes públicos y ofrece empleo inmediato para satisfacer las necesidades locales. Los mecanismos participativos, como los consejos abiertos propuestos por la academia y los líderes, recogerán inconsistencias y generarán políticas públicas inclusivas, según metodologías ya propuestas por las universidades. Pero debido a que la juventud de primera línea atrincherada en sus barrios no sucumbirá exclusivamente al diálogo, ya que hay más de 1.200 acuerdos pendientes en 30 años, se requieren victorias tempranas que ofrezcan trabajos y oportunidades tanto a los concesionarios como a los congresistas y autoridades de los garantes. , con responsabilidad personal por el cumplimiento.

Si hay grupos sin líderes obvios en las calles, la democracia debe salir a las calles para buscarlos y presentar oportunidades. Resolver los desacuerdos es urgente e importante para lograr un diálogo efectivo y logros inmediatos. Dar una mano dura a las ciudades puede romper el frágil equilibrio de la paradójica democracia colombiana y llevar a la captación de jóvenes de entre los delincuentes cuando el descontento es lo que busca, una verdadera transformación social.

Vivian Newman es el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia.

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