Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, fue absuelto tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia |  Comunidad

Ángel Hernández, el hombre que ayudó a morir a su esposa, fue absuelto tras la entrada en vigor de la ley de eutanasia | Comunidad

Ángel Hernández con su esposa María José Carasco en su casa de Madrid en octubre de 2018.Carlos Rosilo

El tribunal penal de 34 años de Madrid absolvió el martes a Ángel Hernández, el hombre que ayudó a su esposa María José Carasco a morir con una enfermedad terminal de esclerosis múltiple en abril de 2019 después de que los fiscales retiraron sus cargos después de que la Ley de Eutanasia entrara en vigor. “Como se ha retirado el único cargo en los cargos, es necesario de acuerdo con la doctrina emitir una absolución con todas las declaraciones favorables”, dijo la resolución, que absolvió a Ángel Hernández de un delito de cooperación con el suicidio.

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Los fiscales retiraron la acusación contra Hernández la semana pasada. La fiscalía presentó ante el tribunal una aplicación retroactiva de la reforma al Código Penal, introducida por la ley de eutanasia, que entró en vigencia el 25 de junio, considerando que Hernández se encontraba en un “caso legalmente resuelto”, ayudando a asesinar a su esposa, quien estaba casi inmovilizada por su esclerosis múltiple.

Kararasco fue diagnosticado con la enfermedad en 1989 y siete años después fue declarado gravemente discapacitado. Ella había demostrado su voluntad de terminar con su vida durante años antes de que la lastimaran por completo. Ángel Hernández la ayudó a morir el 3 de abril de 2019: vertió un medicamento mortal en un vaso y se lo llevó a María José Carasco, quien se lo tragó y murió a los diez minutos. El momento fue grabado por Hernández, y en las imágenes se puede ver cómo le pregunta varias veces si quiere hacerlo. La mujer asiente y, en este momento con heridas graves, solo puede beber con una pajita del vaso que él le trae. Tras su liberación tras su arresto, Hernández recogió firmas para despenalizar la intervención voluntaria para causar la muerte.

La implementación de la Ley de Eutanasia llevó al fiscal a presentar la semana pasada un documento ante el tribunal en el que retiraba su acusación, en el que hasta entonces había exigido seis meses de prisión para los investigados por cometer un delito de cooperación con el suicidio. En uno de sus escritos, el fiscal destacó que María José Carasco le había expresado de manera “permanente” su deseo de acabar con su vida por el “fuerte” dolor “que podía soportar” por la enfermedad crónica que había padecido. Finalmente, su esposo, “indefenso por falta de asistencia institucional”, cumplió con los deseos de su esposa.

La pareja entrevistó a EL PAÍS en octubre de 2018, seis meses antes del suicidio, donde reiteró su deseo de quitarse la vida. Carasco fue claro. Cuando se le preguntó si quería esperar a que su condición empeorara para recibir cuidados paliativos, respondió: “No quiero dormir, quiero morir”.

El caso de Hernández inicialmente pasó por un tribunal por violencia de género. Una semana después del suicidio, el día 10, el titular del Juzgado de Instrucción nº 25 de Madrid encargado del caso resistió a favor de un juzgado de violencia contra la mujer. El magistrado entendió que cualquier acto de violencia contra una mujer por parte de su pareja o expareja debe ser considerado violencia machista. Reiteró la doctrina de la Corte Suprema de acuerdo con un fallo emitido por esta, que determinó que ya no era necesario probar que la intención del ataque sexista fue violencia de género. Sin embargo, el juez de la corte por violencia de género se negó a conocer el caso, al darse cuenta de que “no hubo violencia contra la mujer”.

Hernández volvió a hablar con el diario la semana pasada luego de que la Fiscalía retirara la acusación gracias a la entrada en vigencia de la Ley de Eutanasia: “Con eso ya cerré la escena. Prometí pelear hasta que hubiera una ley y luego hasta el juicio. De hecho, ya había preparado la solicitud cuando me dieron la palabra. Me indigné cuando leí que el PP recurrió a la ley después de que el comportamiento de los servicios sociales comunitarios en Madrid, que le negaran una estancia a María José cuando tuve que operarme, le causara tanto sufrimiento ”.

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